Ley de Seguridad Interior

¿Verdad o Reto?

No es fanatismo ni desconocimiento lo que ha llevado de miles de personas a manifestarse en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), tampoco es coincidencia que la ONU e inclusive la CNDH se hayan pronunciado respecto a la necesidad de revisar y reconsiderar la propuesta que el día martes comenzó a ser analizada en las Comisiones del Senado.
El artículo 9 de la ley establece que “la información que se genere con  motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”, por su parte la Ley Federal de Transparencia en su artículo 3 señala que la información “podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.”
Es decir, los términos en que fue redactado el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, permiten que los actos que deriven de la aplicación de dicha ley, sean clasificados como información reservada; lo cual evitará que la ciudadanía pueda conocer quiénes son los responsables directos de las acciones que se lleven a cabo al “amparo” de dicha Ley; esto conlleva un retroceso y una estocada a los avances que se han dado en materia de impartición de justicia, transparencia y acceso a la información.
Ya que, bajo esta lógica, conocer una cadena de mando (como en el caso de Atenco), resultará imposible y, aunque el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia menciona que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.” Los entramados del sistema, así como la discrecionalidad que ha caracterizado a las instituciones a lo largo de los años, no nos garantizan que la información sea pública, o que pierda su carácter de “reservada” de manera inmediata.
Al respecto el INAI, emitió el día de ayer un comunicado en que señalaba que “el artículo 9 del dictamen de Ley de Seguridad Interior trasgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales deben imperar para el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.”
En tanto el artículo 8 de la LSI establece que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior”, y aunque luce bien, lo cierto es que la protesta social en México hace mucho que dejó de ser pacífica, gran parte de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes derivan de actos de violencia, provocados o emanados de la rabia y el hartazgo de grupos sociales que han sido minimizados e invisibilizados.
Sí, seguramente usted está pensando en actos vandálicos y lo necesaria que es la aplicación del uso de la fuerza en contra de manifestantes como los maestros y los normalistas que han hecho de Oaxaca y su ciudadanía sus rehenes. Pero, ¿y los demás?, ¿y la responsabilidad del gobierno?, ¿quién castiga la ineficiencia de los servidores públicos?, ¿qué garantiza que a los manifestantes le sean respetados sus derechos humanos?. No podemos permitir que nuestra rabia y egoísmo sea justificación para la violencia y la discrecionalidad. No podemos mantenernos en la lógica de “ellos los revoltosos” y “nosotros”. Vivimos en comunidad y como tal, deberíamos apostar por el diálogo y el respeto a los derechos humanos, que no son un asunto menor.
La Ley de Seguridad Interior es una apuesta por mantener al ejército en las calles, que al mismo tiempo ignora el papel de los cuerpos policíacos, la iniciativa de Mando Mixto que promovía el fortalecimiento de la policía y mejoras a sus condiciones laborales fue sepultada en el Senado. Es absurdo apostar porque el ejército realice tareas de seguridad sin fortalecer las instituciones policíacas y promover la corresponsabilidad en las tareas de prevención y combate a la violencia y la inseguridad.
Las fuerzas armadas son de las pocas instituciones en el país en las cuales la ciudadanía tiene altos niveles de confianza, convertirlas en mercenarios de Servidores Públicos caprichosos y ajenos a la realidad social, podría ser contraproducente para la institución.
Quienes se oponen a la Ley de Seguridad Interior, la ONU incluida, no lo hacen en un afán golpista, político o irracional; estamos conscientes de que hace falta regular la actuación del ejército e implementar mecanismos que coadyuven al orden y la paz social. Pero la LSI es ambigua, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, viola el principio de necesidad, conlleva afectaciones a la protesta social, lesiona la autonomía, establece una indebida protección y garantía de los derechos humanos, así como una ausencia de controles y una indebida regulación del uso de la fuerza, entre otros.
La Ley de Seguridad Interior es un tema que nos compete a todos, no podemos ser ajenos ante una iniciativa que deja la puerta abierta al autoritarismo, la impunidad y la injusticia. No se trata de las Fuerzas Armadas, sino de la ausencia de control real, eficaz y transparente. Las fuerzas armadas no han sido formadas para cumplir el papel de policía; utilizarlas para esta función es un retroceso y un claro ejemplo de la falta de voluntad para fortalecer otras instituciones, es una forma de evadir la responsabilidad de quienes han convertido este país es un territorio de violencia y crimen.
No, no quieren combatir la inseguridad, quieren tapar el sol con un dedo y eximirse de la responsabilidad de sus actos. ¿Quiénes han provocado el descontento social?, ¿quiénes han convertido a la policía en una institución endeble y corrupta?, ¿quiénes han pactado con el crimen organizado?, ¿quiénes han hecho oídos sordos ante el llanto de las víctimas?, ¿quiénes han lucrado con el dolor y el descontento?, ¿quiénes pedirán el voto el próximo año para después vivir de nuestros impuestos y olvidarse del pueblo?…. los mismos que hoy prefieren mantener al ejército en las calles antes que impulsar políticas públicas eficaces de combate al crimen y la corrupción.
El legislativo está para escuchar, para dialogar, no para obedecer al Presidente… recuerde que nuestro voto los puso en el lugar en que están y, en teoría, están ahí para representarnos y hacer escuchar nuestra voz.