El Sistema Nacional Anticorrupción.

El 18 de julio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual en su Artículo Primero establece que tiene como objeto permitir el funcionamiento del Sistema Nacional, “para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.”
El segundo transitorio de dicha ley instruye que: “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”.
Sin embargo, cumplido el plazo para establecer la normatividad que habrá de regir el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Congreso de la Unión fue incapaz de nombrar al Fiscal y a los magistrados que se requieren para el adecuado funcionamiento del SNA. Por su parte Chihuahua y Veracruz carecen de leyes anticorrupción.
De acuerdo con el Semáforo de Implementación de la Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA) del IMCO,  21 de 29 estados cuentan con una ley del SLA satisfactoria, entre ellos Oaxaca; 8 entidades poseen una ley calificada como regular y Tlaxcala contaba con una iniciativa de ley satisfactoria, sin embargo, al 18 de julio se desconocía el dictamen del Congreso Local.
El Sistema Nacional Anticorrupción está conformado por los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales Anticorrupción. Siendo el Comité Coordinador el encargado de establecer los mecanismos que permitan el funcionamiento del SNA, a través de políticas públicas de combate a la corrupción; en dicho Comité se encuentran representadas la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Auditoria Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo de la Judicatura Federal.
Estas instituciones serán las encargadas de combatir un fenómeno que, en palabras del Presidente “es un asunto cultural”, asunto que en 2016 costó mil 600 millones de pesos a las empresas en México, esto de acuerdo con los resultados de  la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) realizada por el INEGI. Este estudio mostró que las tres principales causas de corrupción, señaladas por las empresas, son: agilizar trámites, evitar multas y sanciones; y obtener permisos. Cabe destacar que las grandes empresas son las que reportaron un mayor número de respuestas afirmativas respecto a haber sido víctimas de actos de corrupción, seguidas de la mediana y la pequeña empresa… si, parece ser que en México prevalece aquella máxima de “del tamaño del sapo, la pedrada”.
El Sistema Nacional Anticorrupción surge en medio de la incertidumbre y la demagogia, sin terminar de materializarse. La falta de voluntad política para dotar al Sistema de los elementos necesarios para su pleno funcionamiento es una burla y un atentado contra la sociedad mexicana.
Acostumbrada a la corrupción y desencantada de las instituciones,  la ciudadanía puede considerar que el SNA es, como muchas otras ideas, un elefante blanco y un puñado de buenas intenciones que encontraron en los políticos un obstáculo insalvable.
Pero, ¿qué estamos haciendo los ciudadanos para combatir la corrupción?, ¿qué vamos a hacer para fortalecer el SNA? Solemos  decir que en México la ley es letra muerta, pero olvidamos que derecho que no se conoce no se ejerce, el marco normativo está ahí, las instituciones están ahí, es nuestro deber conocer y exigir el cumplimiento de las leyes. La corrupción es un cáncer que ha infectado nuestra sociedad, pero es nuestra responsabilidad atacarla de manera frontal para evitar que los Javier Duarte de este país lleguen al poder y se enriquezcan de manera ilícita.
Todo empieza con pequeñas acciones, dejar de darle “para el refresco” al policía de tránsito, enseñar a nuestros hijos e hijas que no todo se arregla con dinero y dejar de contratar personas que no cubren el perfil requerido pero “son cuates”; son algunas formas combatir la corrupción. Y no olvide, hay que denunciar, pero por el momento, demos tiempo a que el SNA comience a funcionar, no nos queda más que esperar… aunque después de la audiencia de Javier Duarte, hay instituciones de las que ya no esperamos nada.
@lyzpc