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Matrimonios de niños con adultos por dinero, práctica aún común en estados

La práctica de obligar a menores de edad –sobre todo mujeres– a contraer matrimonio de manera forzada con adultos que los compran con el aval de sus padres sigue siendo una práctica común en diversos estados del país, advirtió la investigadora Teresa Olvera, directora del colectivo Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC.

En entrevista con La Jornada, la especialista indicó que según un estudio elaborado en 2015 y 2016 en el estado de Chiapas, aún es recurrente que muchos niños y niñas sean víctimas de uniones maritales no consensuadas.

Para distintos grupos en Chiapas es una práctica cotidiana el intercambio de mujeres para el matrimonio, pero en este último periodo se da en forma más mercantilizada. Ya no es sólo mediante un intercambio de refrescos o pan, como parte de la dote, sino también con pagos en efectivo, explicó Olvera.

Al mismo tiempo que muchas niñas son obligadas a casarse con adultos que las adquieren mediante dinero, y a los cuales en muchas ocasiones no conocen, los padres de las menores les prohíben tener contacto con muchachos de su edad, justamente para evitar que pueda surgir algún noviazgo.

Aunque no todos estos casos ocurren en comunidades indígenas, la mayoría de ellos sí tienen lugar en esas zonas y muchos pueblos originarios los reivindican como una práctica histórica, en el marco de su sistema de usos y costumbres, detalló la investigadora.

No hay datos duros que permitan saber cuántas niñas y niños son víctimas de matrimonio forzado con un adulto, pero la indagatoria dirigida por Olvera identificó que este fenómeno está presente en alrededor de 60 de los 123 municipios de Chiapas.

Según la experta, el matrimonio forzado de niños con adultos no es exclusivo de Chiapas, sino que se presenta en diversos estados con altos índices de pobreza y marginación, como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco, sin descartar que pueda haber casos en otras regiones o estratos sociales.

Luego de subrayar que la edad promedio de las víctimas de este fenómeno es de 16 años, Olvera destacó que por lo general los matrimonios forzados truncan la vida y las expectativas personales de las niñas y en algunos casos pueden estar vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

Las consecuencias de estas uniones no consensuadas, añadió, son la pérdida de la libertad individual, pero también de derechos comunitarios e incluso la ruptura total con la familia de origen de los menores, además de la maternidad forzada de niñas cuyos cuerpos en muchas ocasiones todavía no son aptos para la reproducción.

De igual manera, suele haber actos de violencia emocional, física y patrimonial que generan depresión, alcoholismo, enfermedades de transmisión sexual e intentos de suicidio.

Olvera destacó que este fenómeno permaneció invisibilizado durante mucho tiempo porque se consideraba parte de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Hubo un periodo de la antropología positivista que no permitía la discusión. Esto oscureció que se trata de una violación a los derechos humanos, pero nuestro papel es evidenciarlo.

 

La Jornada