Opinion Nacional

Los días de plomo

El 24 de marzo de 2011 un fotógrafo de La Prensa de Monclova llegó a Monterrey para entrevistar a un popular animador de televisión. El viaje acabó mal.

El fotógrafo tenía 20 años. Se llamaba José Emmanuel Ruiz. Acababa de estrenarse en la profesión, pero una foto suya había ganado ya el premio estatal de periodismo. José Emmanuel había sabido entonces que servía para el oficio. Decidió emprender un trabajo mayor: hacer un documental que contara la vida de José Luis Cerda Meléndez, un presentador de Televisa Monterrey conocido como La Gata, que había surgido de los barrios bajos de esa ciudad y, al dejar atrás un pasado marcado por las adicciones y la delincuencia, se había convertido en estrella indiscutible de un programa de entretenimiento: ahora caminaba por las calles repartiendo autógrafos.

La tarde de aquel jueves en que llegó a Monterrey con una cámara de video al hombro, José Emmanuel se reunió con su entrevistado y presenció la grabación del programa. A las ocho de la noche, acompañados por un primo del animador, abordaron un Stratus. Antes de subir al auto, La Gata se tomó una foto con una admiradora. Iba a ser la última de su vida.

Una cuadra más adelante, una Suburban les cerró el paso. Los cuerpos de José Emmanuel y el primo del animador fueron localizados 12 horas más tarde, amarrados con cinta adhesiva. Cada uno había recibido un balazo en la frente.

Un automovilista descubrió el cadáver de La Gata en un terreno baldío del municipio de Guadalupe. Sus asesinos habían escrito con aerosol, en un muro cercano: “Ya no sigan cooperando con Los Zetas”.

Llegaron agentes ministeriales y municipales, que marcaron el perímetro con cinta amarilla, y reporteros enviados a cubrir la nota. Los policías recibieron entonces “una llamada”, y pidieron a los periodistas que se retiraran “porque existe riesgo de que regrese algún comando y abra fuego”. Minutos más tarde, un grupo de sicarios apareció a bordo de un Mercedes y se llevó el cuerpo del presentador.

El cadáver reapareció el mismo día frente al Parque Fundidora. Le habían buscado algo en los bolsillos —los tenía de fuera— y le habían quitado los zapatos. Le habían tirado encima “unas botas de cowboy muy usadas”.

La nota se la llevó el presentador. El asesinato de José Emmanuel fue informado por los medios sólo de paso. Un año después las autoridades estatales presentaron a los presuntos asesinos, quienes declararon que La Gata trabajaba “para un grupo contrario”. Según la procuraduría, el animador “seguía implicado en la venta de droga”. No existe una nota que explique por qué se dio muerte al fotógrafo de La Prensa.

De todas las historias de periodistas asesinados recientemente en México a causa del ejercicio de su profesión, ésta es una de las peores, porque le pusieron fin cuando apenas comenzaba. Aquella salida a Monterrey era el primer viaje de trabajo que el joven fotógrafo realizaba. Cuando salió de Monclova con una maleta, una cachucha y una cámara, a José Emmanuel le faltaban unos días para graduarse de la carrera de Comunicación. Estaba preparando su tesis de licenciatura. Terminó tirado con las manos atadas a la espalda en el baldío de una ciudad extraña, pagando por algo que no le correspondía. Su última foto estremece.

El periodista Humberto Millán, asesinado el mismo año en Culiacán, se ubicaba al otro borde del espectro: con casi 30 años en el oficio conocía como pocos los atajos y los pliegues de la política sinaloense. Jefe de prensa en tiempos del gobernador Renato Vega Alvarado (1993-1998), había tejido una red de información que incluía fuentes de primer nivel. Fundador del polémico semanario A Discusión —reza alguno de sus obituarios—, “frecuentemente obtenía primicias que exhibían los sótanos de la función pública”.

El 25 de agosto de 2011, a las 6:20 de la mañana, ocho hombres que habían estudiado sus trayectos lo interceptaron cuando se dirigía a las instalaciones de Radio Fórmula, en donde conducía el programa Sin ambages.

Millán pidió a sus agresores que dejaran en libertad a la persona que lo acompañaba, su hermano, alegando que estaba enfermo de las piernas. Los desconocidos accedieron. A él se lo llevaron en su propia camioneta.

En Sinaloa todavía estaba fresco el recuerdo espeluznante de la muerte del conductor del noticiero radiofónico Línea directa, José Luis Romero, quien fue encontrado en una bolsa de plástico, con los huesos de las manos y las piernas quebrados. Lo habían secuestrado a las afueras de un restaurante de mariscos. Permaneció en calidad de desaparecido durante 16 días. Cuando una manta colocada en un puente pidió al ejército que fuera a buscarlo a Plan del Río, Guasave, y señaló los nombres de sus presuntos asesinos (“el Chapo Isidro, el Güero Wives, Chuy y Nacho González”), los restos del periodista fueron desenterrados de alguna parte y arrojados, sucios de lodo, y en completo estado de descomposición, en un paraje solitario de la carretera Los Mochis-El Fuerte.

A un año de aquellos sucesos, con el fantasma de Romero rondándoles en la cabeza, los periodistas de los medios más importantes acordaron ejercer la máxima presión, en un intento de que Humberto Millán fuera devuelto con vida. La impresión del gremio era que no podía tratarse de un secuestro orquestado por el crimen organizado: el periodista no acostumbraba tocar ese tipo de temas. “Su ángulo era político, no policial”, explica su hijo, César Millán, actual director del semanario.

Los reporteros sitiaron en enjambre las oficinas del procurador, del secretario de gobierno, del delegado de la PGR. La petición fue la misma: “Queremos a Millán con vida”.

La camioneta del comunicador fue encontrada 26 horas después en un campo de riego. Millán estaba en el asiento trasero con dos tiros de 9 mm. en la nuca.

La procuraduría admitió que la línea de investigación más poderosa era la relacionada con su desempeño profesional. La indagatoria iba a centrarse en las críticas que el periodista había realizado a los políticos que protagonizaron el complicado proceso electoral de 2010, que condujo a la gubernatura a un súbito desertor del priismo, el abanderado panista Mario López Valdéz, Malova. Varios de los funcionarios que habían hallado acomodo en el gabinete del gobernador habían sido cuestionados por el periodista.

—La procuraduría revolvió su oficina, revisó sus archivos, se llevó su CPU: dos años después no lo han devuelto, ni dado muestras de avance en la investigación. Todo está encaminado a que gane el olvido —relata César Millán.

A Discusión había sido vetado en tiempos del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla (2005-2010): según el hijo del fundador, la publicación fue asfixiada desde el palacio de gobierno, desde la presidencia municipal de Culiacán, a cuyo frente estaba Jesús Vizcarra, y desde la oficina del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén: ningún impresor de la entidad admitió al semanario en sus rotativas. Humberto Millán decidió convertirlo, entonces, en una publicación digital.

A Discusión había dado a conocer la supuesta relación entre el alcalde Vizcarra y El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cártel del Pacífico (el asunto se convirtió luego en escándalo nacional), y los presuntos vínculos que uno de los yernos del rector de la UAS tenía con narcotraficantes.

—Un personaje del crimen organizado le mandó decir “amablemente” a mi padre que le iba a ir mal si seguía tocando el tema de los políticos y el narcotráfico —recuerda César Millán—. Él registró la amenaza, sintió que estaba en peligro, y decidió no volver a tocar el asunto.

El asesinato sobrevino en momentos en que una guerra de sangre y lodo enturbiaba el paisaje político del estado. Seis meses antes del asesinato del periodista, una de sus principales fuentes de información había sido secuestrado en casa de una vidente. Se trataba de Luis Domingo Pérez, un ex funcionario al que se acusaba de dirigir los servicios de espionaje político durante la gestión del gobernador priista Juan S. Millán (1999-2004). Su cuerpo apareció en el estacionamiento de un centro comercial, con signos de tortura. En el ambiente político local se afirma que Pérez había entregado información sensible que favoreció el triunfo de Malova. Algunos de los principales medios locales han anotado que el ex funcionario aspiró a convertirse en secretario de seguridad pública de la actual administración, y que cuando se le dio la espalda filtró datos que afectaban al círculo cercano al gobernador.

La vidente con la que Pérez se encontraba el día de su secuestro, una cartomanciana de moda entre los políticos, fue asesinada al poco tiempo de un tiro en la cabeza. Dos meses más tarde, secuestraron y asesinaron a Humberto Millán, el principal contacto que Pérez tenía en la prensa.

Millán era el cuarto periodista asesinado en Sinaloa en los últimos ocho años. En México existe la impresión de que ocho años son muchos y cuatro muertos son nada. El secuestro y asesinato de este comunicador se inserta, sin embargo, en un contexto de agresiones sistemáticas a la prensa en aquel estado. Un reporte de Artículo 19 —organización independiente que protege y promueve el derecho a la libertad de expresión— ilustra las condiciones en que se practica el periodismo en Sinaloa: en noviembre de 2008 las oficinas del periódico El Debate de Culiacán son atacadas con granadas de fragmentación: directivos del diario afirman que se trata de un “mensaje” de intimidación; en septiembre de 2009 un grupo armado corta con tenazas los candados de una cortina de acero, logra levantar esta última unos centímetros y arroja en la planta baja del semanario RíoDoce un artefacto explosivo; en enero de 2010 es incendiado un vehículo de la Organización Impulsora de Radio de Los Mochis, al lado del cual se deja un mensaje: “Esto les pasará a todos los reporteros. Los quemaremos. Atte: La Mochomera”; en septiembre de ese año son acribilladas las instalaciones del periódico El Noroeste de Mazatlán: al poco tiempo, desconocidos exigen el pago de 200 mil pesos para que el edificio no sea “volado”; en octubre, ametrallan con AK-47 y AR-15 la fachada del El Debate de Mazatlán; en julio de 2011 aparecen dos cuerpos decapitados a las puertas de El Debate y El Noroeste, con mensajes dirigidos al gobernador Malova.

—Lo que esas muertes y esas agresiones han provocado —concluye César Millán— es un cambio radical en la forma de hacer periodismo en Sinaloa. El miedo, la amenaza, la eterna sensación de riesgo han provocado que se eviten temas, que se cuiden las palabras, que la información se edite hasta llegar a la autocensura total. El mensaje es claro: si matan a alguien que revela ciertas cosas, todos tienen que cuidarse de revelar esas cosas. Nadie quiere aparecer en una carretera dentro de una bolsa, así que la prensa dejó de investigar, dejó de documentar, dejó de narrar. El periodismo en este estado ha sido totalmente silenciado. El resultado está a la vista: nuestra prensa es absolutamente oficialista.

Los años críticos

20 de noviembre de 2006. El periodista michoacano José Antonio García Apac sale de la redacción del modesto semanario que dirige, Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, y enfila rumbo a Morelia. Ha dejado dicho que va a entrevistarse con alguien en el cruce conocido como La Ruana. A las 7:30 llama a su casa por celular para preguntar si hace falta algo para la cena. Su hijo Aldo, de 24 años, toma la llamada. Mientras conversan, Aldo escucha que su padre es detenido y que alguien le pregunta: de dónde vienes, a dónde vas, a qué te dedicas. El muchacho no se alarma. En los últimos tiempos, los retenes se han vuelto frecuentes en la zona. “Siempre lo dejaban seguir cuando les decía que era periodista”, dice Aldo en entrevista.

Aquella tarde, sin embargo, la frase no surte efecto. Aldo escucha una voz que ordena a su padre: —Apaga el teléfono.

El periodista oprime algunas teclas para simular que obedece, y se guarda el celular en la bolsa de la camisa. Su hijo escucha que abren la portezuela, oye un forcejeo, oye que su padre es sacado del auto. En ese instante, el saldo del teléfono se agota.

El semanario que García Apac dirigió hasta aquella noche había dado a conocer la lucha entre los grupos criminales que buscaban dominar el tráfico de droga en Michoacán. Ese año se habían contabilizado en la entidad cerca de 500 asesinatos relacionados con el crimen organizado: acababa de hacerse pública la existencia de La Familia Michoacana. La noticia de que un grupo de sicarios había arrojado cinco cabezas cortadas a machete en un bar de Uruapan le puso los cabellos de punta al país entero.

García Apac llevaba a las páginas del semanario el clima de inseguridad, las extorsiones a comerciantes y empresarios, el aumento en la cifra de homicidios, la percepción de violencia desmedida que estaba sacudiendo al estado. El Eco llegaba a todos los quioscos de Tierra Caliente. “Era un semanario muy leído en esa zona”, cuenta Aldo.

En los meses previos a su desaparición, García Apac había denunciado ante la PGR el acoso de autoridades municipales (el semanario había acusado al presidente municipal de Tepalcatepec de presuntos vínculos con el narcotráfico) y la llegada de varias amenazas por parte de grupos del crimen organizado.

—Aquella noche, cuando la llamada se cortó, una columnista del semanario, Silvia Martínez Peña, intentó averiguar si las autoridades habían montado algún retén en La Ruana. Nadie supo informarle. Nos hicieron esperar 48 horas para poder levantar la denuncia por desaparición. Hicimos por fin la denuncia, y llevamos siete años esperando resultados.

Los familiares de García Apac intentaron tomar en sus manos la investigación. Presentaron recortes de las notas más polémicas publicadas por el semanario. Entregaron a las autoridades copia de las denuncias que su padre había levantado por el delito de amenazas. Ofrecieron una lista que contenía los nombres de los funcionarios municipales a los que el semanario había incomodado. En un esfuerzo por conocer con quién iba a reunirse su padre en La Ruana, solicitaron sin éxito las “sábanas” de las llamadas que García Apac había recibido en los últimos días.

—Fue como si las autoridades no existieran. Pasaron dos administraciones estatales, pasó un gobierno federal, y el caso fue enviado a la reserva. Siete años después, estamos como el primer día —dice Aldo.

En contra de los consejos de familiares y amigos, Aldo y su madre, la periodista Rosa Isela Caballero, decidieron seguir al frente de la redacción. Tres semanas después de la desaparición, el 11 de diciembre de 2006, el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico e inició en Michoacán el primer Operativo Conjunto. “Nos cayeron encima los años críticos, no sólo para el pueblo de Michoacán, sino también para los periodistas del estado. Quedamos sumergidos en un periodo de inseguridad crónica”, explica el director del Eco. Entre 2007 y 2010, a la redacción del semanario llegaron noticias sobre la muerte o la desaparición de otros seis reporteros michoacanos.

—El caso de mi padre fue significativo porque estaba anunciando lo que iba a venir. No representó sólo la desaparición de un periodista: representó la desaparición del periodismo. Los medios locales comenzaron a mesurar la información. Se dejó de hablar del crimen organizado. Cada vez fue más difícil decir las cosas directamente. A partir de ese día ya no fue posible practicar con libertad el periodismo.

El Eco sigue apareciendo cada miércoles, “pero procuramos no publicar nada que ponga en riesgo la integridad de los reporteros. Al igual que en el resto del estado, el nivel de la cobertura se deterioró. Hoy gran parte de la información se hace a partir de boletines”, concluye Aldo.

En un pequeño poblado de Michoacán comenzaba lo que el Comité de Desaparición de Periodistas, con sede en Nueva York, ha considerado “uno de los periodos más violentos para la prensa que jamás se haya registrado en el mundo”. Un periodo de ataques reiterados a periodistas y medios de comunicación, que entre 2006 y 2012 dejó 42 periodistas muertos (en 20 casos se ha confirmado que las muertes estuvieron directamente relacionadas con el ejercicio de la profesión), seis desaparecidos y 26 comunicadores desplazados de sus respectivas regiones. Una etapa en la que se registrarían 39 agresiones a medios de comunicación, y una caída en la calidad de la información en 14 estados, casi la mitad del país. Según el Comité de Desaparición de Periodistas, México iba a colocarse en ese tiempo —al lado de Colombia, Iraq, Somalia y Sri Lanka— “entre los cinco países con mayor índice de impunidad, donde la violencia letal contra la prensa no se castiga”. De acuerdo con el Centro Nacional de Documentación, en el último sexenio quienes ejercieron el periodismo pasaron a formar parte de una población altamente vulnerada. “El crimen organizado fue uno de los agresores más contundentes —se lee en un informe del Cencos, ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la libertad de expresión en México—, pero uno de los principales perpetradores de agresiones en contra de periodistas fueron los propios agentes del Estado”.

Saltillo, Coahuila.- El 29 de diciembre de 2009, el reportero Valentín Espinosa, del periódico Zócalo, publica una nota que narra la captura de El Comandante Cachorro, un líder de Los Zetas, y de un sujeto conocido como Ricochet, auditor de las células de esa organización en varios estados de la República. Cachorro y Ricochet habían sido aprehendidos, con 10 de sus guardaespaldas, en un hotel de Saltillo: el Marbella.

Días más tarde, el 7 de enero de 2010, un grupo armado irrumpe en el hotel para exigir los videos de seguridad que han registrado la detención de los líderes. Los empleados piden ayuda, se activa el “código rojo” y varias unidades del grupo de elite Acción Rápida acuden al llamado. La persecución culmina en el fraccionamiento Privadas La Torre. Hay una balacera intensa. Aparece el ejército. Tres sicarios son aprehendidos. El reportero Espinosa es enviado a cubrir la información. Su nota aparecerá al día siguiente.

El mismo día de la publicación, varios desconocidos lo esperan a las puertas del periódico. Van por él, por nadie más: los dos colegas que lo acompañan son golpeados severamente, pero al final son puestos en libertad.

El cuerpo de Valentín Espinosa es hallado horas más tarde frente al hotel Marbella, con cinco disparos y una nota de advertencia en el pecho: “Esto les va a pasar a los que no entiendan. El mensaje es para todos”. La versión que corre en el periodismo local es que, al dar a conocer la detención, Espinosa echó por tierra la posibilidad de un “arreglo”.

Acapulco, Gro.- En la tarde del 7 de junio de 2011, reporteros del periódico Novedades comienzan a indagar el paradero de su jefe de información, Marco Antonio López Ortiz. “No se presentó a trabajar como de costumbre”, informará el diario. La búsqueda entre amigos, familiares y conocidos revela que López Ortiz había asistido la noche anterior al bar Dos Arbolitos, ubicado en el centro de Acapulco. Abandonó aquel lugar a las 23:30. Cuando se disponía a abordar su auto, varios vehículos lo rodearon. Se encuentra desde entonces en calidad de desaparecido. La procuraduría de justicia del estado admitió que estaba manejando una sola línea de investigación, pero no detalló nunca el carácter de ésta.

Tras dos meses de pesquisas fallidas, las autoridades locales dejaron de contestar las llamadas de los familiares del periodista. La desaparición de López Ortiz no era más que un eslabón la serie de hechos de violencia que en menos de cuatro años había dejado siete periodistas muertos en el estado. La ola había comenzado con el asesinato del corresponsal de Televisa en Guerrero, Amado Ramírez, acribillado frente a una estación de radio, y con la confusa investigación que terminó por acreditar su muerte a “problemas con una muchacha” (los asesinos de Ramírez se habían entregado a la policía alegando que sus propios contratantes —miembros de un grupo armado— los buscaban para matarlos, luego del escándalo que el crimen que había desatado en la prensa). La violencia imparable perseguía desde entonces a periodistas y medios de comunicación del estado:

13 de febrero de 2009. Mientras se dirigía a cubrir a un accidente automovilístico, fue asesinado en Iguala el fotógrafo Jean Paul Ibarra, del periódico El Correo. Los testigos vieron descender de un auto deportivo a un desconocido que, ignorando a la reportera que iba en compañía del fotógrafo (viajaban en una motocicleta), le dio un disparo en la cara.

29 de julio de 2009. Alguien localiza en un baldío de Acapulco, semienterrado, y con cinta adhesiva cubriéndole la cara, el cadáver del conductor del noticiero W-Radio Guerrero, Juan Daniel Martínez Gil. El periodista había sido brutalmente golpeado. La cinta canela le había provocado asfixia por sofocación. Era especialista en la fuente policiaca. Las autoridades dejaron entrever que los asesinos “probablemente eran sicarios contratados por particulares”. Hasta la fecha se desconoce la identidad de los responsables.

29 de enero de 2010. En Ayutla de los Libres es asesinado en el asiento de su auto el director de El Sol de la Costa, Jorge Ochoa Martínez. En el piso del auto aparece un casquillo de .45 mm. Seis meses antes, en una denuncia ante el ministerio público, el periodista se había declarado víctima de amenazas. Señaló que lo presionaban para que dejara de publicar “notas sobre algunos políticos de la Costa Chica” y denunció, también, acoso telefónico. “Sé dónde estás. Te estoy viendo ahorita”. Las autoridades atribuyeron la muerte “a una discusión de vialidad”.

21 de marzo de 2010. Un cadáver llega en calidad de desconocido al forense de Chilpancingo. La identidad se corrobora 24 horas más tarde: es el reportero Evaristo Pacheco Solís, del semanario Visión informativa. El cuerpo presenta tres impactos de bala. Se desconoce el móvil. El crimen permanece sin castigo.

28 de junio de 2010. En un café internet de Coyuca de Benítez, dos individuos que empuñan armas cortas disparan sobre el corresponsal de El Sol de Acapulco, Juan Francisco Rodríguez Ríos, y su esposa, la editora del semanario Nueva Línea, María Elvira Galeana. Él había ventilado en su trabajo periodístico el acoso sufrido por periodistas de la región, a manos de crimen organizado y las autoridades locales. La hipótesis de la Policía Investigadora es que se trató de un robo. La UNESCO condena los asesinatos y afirma que “tiñen de luto a toda una profesión”. La Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigen que el caso sea llevado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Cinco meses después, en noviembre de ese año, la investigación aún se hallaba “en trámite” ante un juez penal del fuero común.

10 de noviembre de 2010. Un grupo de hombres armados se ubica frente a la fachada del periódico El Sur, editado en Acapulco. Uno de ellos ingresa en la redacción con un bote de cinco litros de gasolina y comienza a rociarla por el lugar. Sus acompañantes, mientras tanto, hacen varios disparos sobre la fachada del edificio. La aparición de la Policía Estatal los hace huir. En la redacción de El Sur se desata una crisis de pánico. Las autoridades dicen que el ataque tuvo como fin “destruir documentos de la publicación”.

Según Artículo 19, Guerrero se ha convertido en un estado de alto riesgo para ejercer el periodismo: “La cobertura de los hechos de violencia se ha modificado debido a la desconfianza que hay en las autoridades, sobre todo en los cuerpos policiacos”, señala la organización. Uno de sus reportes indica que “hay certeza entre editores locales de que el trabajo de los medios es fiscalizado por la delincuencia organizada y para evitar malentendidos se recurre cada vez más a los boletines oficiales como una forma de no colocarse en riesgo”.

Xalapa, Veracruz.- El cuerpo de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, es encontrado con una mordida en el cuello, dos costillas rotas y el maxilar destrozado. Una vecina, alarmada porque la casa de la periodista había permanecido abierta durante todo el día, acababa de alertar a la policía. Son las seis de la tarde del 28 de abril de 2012.

Con Regina Martínez llega a cinco el número de periodistas asesinados en Veracruz en sólo 14 meses, el tiempo que en ese entonces lleva al frente del gobierno el priista Javier Duarte.

La computadora de la corresponsal ha desaparecido. También una pantalla de plasma y dos teléfonos celulares. La procuraduría local establece el robo como línea principal de investigación. Al poco tiempo filtra la hipótesis de que el asesino puede ser un periodista del estado. Varios reporteros son llamados a comparecer. Se les toman fotografías y placas dentales, para compararlas con la mordedura encontrada en el cuello de la víctima. Proceso resuelve que se trata de un acto intimidatorio —“destinado a considerar a los periodistas como sospechosos”, explica el reportero Jorge Carrasco—, y protesta porque la procuraduría excluyó desde el principio la hipótesis profesional.

Duarte había anunciado la creación de una comisión encargada de esclarecer el asesinato. Como representante del semanario, el propio Jorge Carrasco es designado “coadyuvante en la investigación”. El reportero proporciona a las autoridades copias de los trabajos de la corresponsal, para que determinen si pudieron acarrear algún tipo de represalias. “Lo que pretendíamos era que no se descartara ninguna línea de investigación”, afirma Carrasco. La investigación se centra, sin embargo, en el entorno de la periodista.

El 30 de octubre se anuncia el esclarecimiento del caso: crimen pasional. La procuraduría atribuye el asesinato a un sujeto apodado El Jarocho, con quien la corresponsal habría tenido una relación sentimental. Según las autoridades, tras una fuerte discusión, El Jarocho golpeó a Martínez con una manopla. Luego, la asfixió.

El Jarocho permanece prófugo y el hombre que proporciona esa versión a las autoridades, Jorge Antonio Hernández, El Silva, presunto copartícipe en el crimen, afirma poco después que fue obligado a declarar bajo tortura.

—La revista solicitó que el caso fuera atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión —dice Carrasco—, pero la procuraduría de Veracruz le escatimó a ésta la entrega de datos, alegando problemas técnicos.

El semanario dudó de la investigación, “porque las conclusiones de la procuraduría no están apoyadas en ningún procedimiento pericial”, y lanzó una serie de artículos críticos. Cuenta Carrasco:

—En el pasado mes de abril, después de la publicación de uno de mis reportajes, la revista recibió información de que funcionarios del gobierno de Veracruz habían decidido que yo no entendía, y estaban planeando detenerme, incluso atentar contra mi integridad. Acudimos a la Comisión de Derechos Humanos, a la PGR y a la Secretaría de Gobernación, y fui puesto bajo el mecanismo de protección a periodistas. No me está permitido ir a Veracruz y, por lo tanto, no puedo seguir escribiendo sobre el tema. Si querían que me callara, lo lograron.

A los cinco días del asesinato de la corresponsal, los cuerpos de tres reporteros gráficos que durante años habían trabajado la fuente policiaca, y el de la pareja sentimental de uno de ellos, Irasema Becerra, empleada de ventas del diario El Dictamen, aparecieron en un canal de aguas negras de Boca del Río. Los cuatro cadáveres estaban desmembrados. Los restos fueron metidos en bolsas. Los tres fotorreporteros habían huido del estado un año antes por amenazas directas del crimen organizado, y se hallaban en una lista de periodistas desplazados de la región por razones de seguridad. Uno de ellos, Gabriel Huge, había emigrado tras la decapitación de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz, ocurrida en julio de 2011. Huge era el fotógrafo que acompañaba a la periodista en sus coberturas. Aunque Artículo 19 reportó a la PGR y a la Secretaría de Gobernación la situación de los comunicadores, ni Huge ni sus compañeros recibieron protección alguna. Se afirma que el fotógrafo volvió a la entidad apremiado por la falta de trabajo, y se dedicó desde entonces a hacer freelances. Los otros asesinados eran Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. El primero trabajaba para la agencia VeracruzNews; el segundo acababa de renunciar al periódico AZ Veracruz.

Un año antes, cuando el cuerpo de la reportera de Notiver Yolanda Ordaz apareció decapitado con un mensaje que decía: “También los amigos traicionan, atentamente Carranza”, el entonces procurador estatal Reynaldo Escobar relacionó la muerte de la periodista con la delincuencia organizada. “El asesinato nada tiene que ver con el ejercicio de su función como periodista —dijo—. Se investigan versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con el crimen organizado”.

El procurador había señalado que el responsable de la decapitación era Juan Carlos Carranza, El Ñaca, un ex agente de tránsito de Veracruz a quien también se acusaba del asesinato, “por graves diferencias”, del columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco. La muerte de “Milo Vela” —tal era el seudónimo con que López Velasco firmaba sus artículos— había dado la vuelta al mundo: la madrugada del 20 de junio de 2011, en el puerto de Veracruz, un grupo numeroso, a bordo de tres camionetas negras, cerró ambos extremos de la calle donde vivía López Velasco, destruyó las puertas de su casa y disparó más de 30 veces. Quedaron cerca del periodista los cuerpos de su esposa Agustina y de su hijo Misael, que acababa de debutar como fotógrafo del diario.

López Velasco era el columnista más leído de Notiver. La noticia de su muerte no apareció en el periódico en el que había escrito durante más de 20 años porque al día siguiente éste suspendió su edición en señal de protesta. Ni El Ñaca ni los otros probables responsables de la agresión fueron detenidos.

El 15 de agosto de 2012, el nuevo procurador de justicia del estado —el anterior, Reynaldo Escobar, renunció tras el hallazgo de 67 cadáveres en Boca del Río: también había relacionado esas muertes con la delincuencia organizada— informó sobre la aprehensión de una célula perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los detenidos, Isaías Flores Pineda, confesó el asesinato de los fotorreporteros. En una conferencia en la que no se admitieron preguntas, el procurador aseguró que Flores Pineda había declarado que la muerte de los periodistas gráficos obedecía “a que ellos fueron los causantes de la muerte de otros periodistas asesinados por Los Zetas”. Es decir, “que los reporteros se estaban matando entre ellos”, según ironizó un columnista local.

El gobierno estatal comenzó a filtrar versiones que indicaban que los comunicadores asesinados en el puerto recibían de la delincuencia organizada “sueldos” de entre ocho y 15 mil pesos al mes, y se hallaban bajo las órdenes de Rolando Veytia Bravo, jefe de Los Zetas en la entidad. Según esas versiones, Yolanda Ordaz “era la que daba línea a los reporteros del puerto de qué sí y qué no publicar en los medios”; la publicación de notas “no autorizadas” habría desatado la carnicería que en aquellos días se vivió en el puerto.

Los asesinatos culminaron con un rosario de renuncias masivas en diversos medios de comunicación. “Ahora nos manda la mafia”, escribió un columnista. En ese estado el periodismo también fue silenciado. La organización Reporteros sin Fronteras indica en un informe que encontró en Veracruz “un panorama de miedo de los periodistas por el crimen organizado, pero también por el control tremendo del gobierno del estado sobre los reporteros que se atreven a cuestionar determinados datos o situaciones”.

En 2011 Veracruz fue considerado por la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión como el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México.

En negros
La lista de periodistas asesinados durante los años de violencia desmedida que singularizaron el sexenio de Felipe Calderón pasa por la ciudad de Oaxaca, en donde el columnista Raúl Marcial Pérez fue acribillado en diciembre de 2006 en la propia redacción del periódico en que trabajaba, El Gráfico; por Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en donde el reportero de la fuente policiaca Saúl Noé Martínez fue secuestrado en abril de 2007, a las puertas de la estación de policía a la que había llegado a pedir ayuda, y luego machacado a golpes hasta perder la vida; por Agua Prieta, Sonora, en donde el cadáver del articulista y asesor jurídico de Noticias de la Frontera, Gastón Alonso Acosta, fue hallado con el rostro y el cuerpo destrozados en un basurero municipal, en diciembre de 2007; por Uruapan, Michocán, en donde ese mismo mes el reportero del periódico La Opinión, Gerardo Israel García, fue muerto a tiros en su domicilio, hasta donde llegó perseguido por pistoleros.

Pasa también por Camargo, Tamaulipas, en donde el periodista Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del Diario de México, recibió ocho disparos desde una camioneta en movimiento; por Villahermosa, Tabasco, en donde el conductor radiofónico Alejandro Fonseca Estrada cayó acribillado mientras se manifestaba contra el crimen organizado y colocaba una manta que decía: “No al miedo, no al secuestro, no a la impunidad”; por la ciudad de Chihuahua, en donde hombres armados que se identificaron como efectivos de la AFI masacraron en un bar al reportero de El Diario de Chihuahua, David García Monroy; por Santa María del Oro, Durango, en donde el periodista Carlos Ortega Melo Samper, de El Tiempo, recibió tres tiros en la cabeza mientras se resistía a ser secuestrado por los tripulantes de una camioneta; por Gómez Palacio, Durango, en donde el líder de una célula de Los Zetas, Lucio Fernández, El Lucifer, decretó el asesinato ejemplarizante del reportero de La Opinión Eliseo Barrón, secuestrado por 11 encapuchados y ultimado a plomo para que los periodistas de la Comarca Lagunera no siguieran publicando información sobre las actividades de ese cártel; por Montemorelos, Nuevo León, en donde el conductor del noticiario Informativo 800 de Radio La Tremenda fue hincado en un paraje y muerto de un tiro; por Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el reportero gráfico de El Diario, Luis Carlos Santiago Orozco, fue abatido a tiros en el estacionamiento de un centro comercial (sobre su cuerpo quedó colgando el gafete que lo acreditaba como periodista); y pasa también por Tamaulipas, en donde el periódico El Mañana recibió en menos de un mes dos ataques con granadas y armas de alto poder; en donde diversos medios han sufrido siete ataques en el transcurso de seis años, y en donde  —indica un informe de Reporteros sin Fronteras— “la autocensura se convirtió en el único recurso de las redacciones, expuestas como nunca a atentados y ataques a mano armada”.

En 2010 la realidad que a lo largo del país habían vivido cotidianamente los periodistas y los medios de la mayor parte de la República, estuvo a punto de alcanzar a la empresa de comunicación más poderosa de México.

El 22 de julio de ese año, Milenio Televisión dio a conocer un narcovideo en el que un policía de Lerdo, Durango, hincado, con el torso desnudo, el rostro golpeado y las manos atadas, acusaba a la directora del Cereso de Gómez Palacio de permitir que un grupo de reos del Cártel de Sinaloa saliera por las noches, con armas y vehículos del penal —a veces acompañados por custodios—, a realizar asesinatos por encargo entre los miembros de una organización rival, Los Zetas. El video, que revelaba también el apoyo de diversas autoridades de Lerdo a la mafia sinaloense, llegaba en el momento en que una serie de masacres ocurridas en bares de Torreón convulsionaba a México. Dichas matanzas habían cobrado en semanas la vida de 35 personas.

En la redacción de Punto de Partida, el programa de televisión que conduce Denise Maerker, se decidió que el reportero Héctor Gordoa realizara un reportaje sobre la lucha entre los cárteles que deseaban dominar la Comarca Lagunera. La directora del Cereso acababa de ser destituida. El ejército y la Policía Federal habían ingresado al penal. Familiares de los reos se manifestaban contra la remoción de la funcionaria.

—Por como iban sucediendo las cosas en el país —relata Maerker—, nuestros reporteros habían tenido cada vez más encuentros con el crimen organizado. Cada vez nos estaban rozando más. Pero éste no era uno de los casos que a mí me asustaban. Héctor no iba a ir a la sierra: iba a ir a Torreón, iba a ir a Gómez Palacio, a hacer entrevistas y cubrir una manifestación de familiares de los presos, en donde, por lo demás, seguramente estaría el resto de los medios del país. En el equipo de Punto de Partida no imaginamos ni de lejos lo que iba a ocurrir.

Gordoa voló el 26 de julio. El camarógrafo Marco Tinoco perdió el avión: el retraso lo salvó, pero llevó a vivir la peor pesadilla de su vida a un camarógrafo de Televisa Laguna, Alejandro Hernández.

—Alejandro Hernández fue enviado a apoyarme —cuenta Gordoa—. Nos fuimos a entrevistar al presidente municipal de Gómez Palacio y cuando bajábamos del coche una mujer policía que iba en una Van nos dijo: “Van a ir por ustedes, cabrones, abusados”. No la tomamos en cuenta.

Los periodistas grabaron los testimonios del alcalde, del secretario de Seguridad Pública de Durango, de varios policías municipales que hablaron sobre los riesgos que vivían en aquella zona “caliente”. Más tarde se trasladaron al Cereso y entrevistaron a los familiares de los reos, que negaban las acusaciones en contra de la directora y se oponían a su detención.

Relata Gordoa:

—A las tres de la tarde nos retiramos. Unos metros más adelante nos cerraron el paso. Conté tres autos. De cada uno bajaron tres personas. Vi pistolas y cuernos de chivo. Abrieron la puerta de atrás, me dieron unos cachazos y dijeron: “Sigue al auto de adelante”. Había un agente de tránsito en una esquina contraria, se detuvo un camión con gente que empezó a gritar, escuché los gritos. Nadie hizo nada. Me ordenaron meterme en una brecha, los cuatro autos pasamos a buena velocidad frente a un convoy militar, pero tampoco ellos hicieron caso. Nos detuvimos junto a un canal. Allí nos bajaron con la playera en la cabeza y comenzaron a revisar nuestras cosas. Nos quitaron carteras e identificaciones. En mi libreta estaban los nombres del director de Seguridad Pública y del policía que había aparecido en el video. “¿Por qué tienes teléfonos del director de Seguridad Pública? ¿Por qué tienes el nombre de este cabrón anotado aquí? Ya valiste verga con todo esto”, me dijeron. Volvieron a pegarme. Después, nos encajuelaron. Serían las tres y media, y estábamos en verano, en una cajuela, a más de 40 grados. Alejandro dijo: “Dios mío, te encargo a mi familia, te encargo a mis hijos”. Le respondí: “Te necesito firme, vamos a echarle ganas”. Pero lo que pensé fue: “Que sea un tiro, que no haya tortura”. Pasó media hora, no sé, 40 minutos. Abrieron la cajuela y preguntaron: “¿Quién es Héctor Gordoa?”.

Para entonces, la noticia del secuestro ocurrido a plena luz del día había llegado a México. Denise Maerker recibía a esas horas una llamada del director de Milenio TV, Ciro Gómez Leyva:

—Acaban de “levantar” a unos periodistas en La Laguna. Hay uno nuestro y otros tuyos —le dijo a Maerker.
Gordoa lo ignoraba aún, pero el grupo que lo tenía en su poder se había apoderado también de un reportero de Milenio Laguna, Javier Canales.

—¿Está confirmado? —preguntó la periodista.

—Lo siento mucho, pero está confirmado —respondió Gómez Leyva.

Recuerda Maerker:

—Sabía que el procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, tenía línea directa con un alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Luis Cárdenas Palomino, y le llamé. Fue lo primero que hice. A partir de entonces no dejé de hacer llamadas. Intenté averiguar quiénes eran los que los tenían, para saber si había alguna posibilidad de sacarlos vivos, y decidí que el asunto debía cobrar la mayor magnitud posible, a la menor brevedad, para que los secuestradores supieran que iba a ser muy costoso si les hacían algo. Ésa fue mi apuesta.

A Gordoa lo habían sacado de la cajuela y colocado bajo la sombra de un árbol. Uno de sus raptores jugaba con una pistola. “Va a ser un tiro. Así nos va tocar”, pensó el reportero.

—De repente —dice—, me cayó el 20: “¿Y si nos trajeron porque necesitan algo de nosotros?”. Le dije a uno de ellos: “Oiga, pregúntele a su jefe qué necesita, en qué les podemos ayudar”. Oí que se comunicaban por radio: “Que dice el güero que en qué nos puede ayudar”. Alguien contestó: “Tráiganlos para acá”. Nos aventaron al piso trasero de otro auto y ahí sentí a otra persona, era el reportero de Milenio, Javier Canales. Fuimos trasladados a una casa de seguridad. Había un cuarto en obra negra en un patio trasero. Ahí estaban secuestrados tres agentes ministeriales, un taxista y un policía municipal. En medio había una cubeta llena de orines y excremento. Pensé: “Llevan varios días”. Nos pusieron dos guardias y nos prohibieron hablar entre nosotros. El calor nos hacía sudar. Era una tortura. Cuando tienes miedo, el sudor pica. Como a las siete de la noche nos llevaron, vendados, al interior de la casa. El líder del grupo, le decían El Adán, nos dijo: “A ver cabrones, queremos que pasen unos videos en la tele. Ésa es la condición para que los dejemos ir con vida”.

Gordoa entendió que querían “responder” al video difundido por Los Zetas. Dijo: “Para que eso sea posible necesito hablar con Denise Maerker”. Se ofreció como interlocutor, dice, para que en Televisa supieran que estaba con vida —y para hacerse “necesario” ante los secuestradores.

—Cuando Héctor me habló a mi celular —recuerda Maerker—, y nos enteramos de que lo que ellos pedían era “aire”, entendí que el caso era delicadísimo. Hasta donde yo sabía, era la primera vez que pasaba una cosa semejante en la historia de la televisión en México.

Sigue Gordoa:

—Denise me preguntó: “¿Estás bien?”. Le dije: “Sí. Pero quieren que se transmitan unos videos en la televisión”. Se quedó callada un segundo. “Está bien, vamos a ver qué podemos hacer”, contestó. Le dije: “Sólo necesitamos ese apoyo”. Javier Canales intentaba, mientras tanto, comunicarse a Milenio Laguna. No le querían contestar. Estaba entrando en desesperación. Tuve que llamar yo mismo, y decir que era de Televisa, para que le contestaran. Pasó un rato y volvieron a sacarnos del cuarto, nos dijeron: “Este es el link del video que tienen que transmitir”. Volví a hablarle a Denise: “Ya esta gente sabe que no somos los dueños de la televisora, pero haz lo posible, haz el esfuerzo por favor”. En el video, los policías ministeriales y el agente que tenían capturados hablaban de la protección que el gobierno de Humberto Moreira le daba a Los Zetas en Torreón.

—Logramos que Televisa Laguna sacara algo en el noticiero local. No el video, sino una pequeña nota sobre el video —dice Maerker.

Los periodistas no fueron liberados. Pasó esa noche, el olor de los desechos contenidos en la cubeta inundaba el cuarto, había moscos y alacranes. Uno de los sicarios, drogado, entraba al cuarto a amedrentarlos, cortando cartucho.

El Adán regresó al mediodía:

—Nos dijo: “Queremos otro favor para liberarlos. Que los videos pasen a nivel nacional. Eso, si sus jefes quieren volverlos a ver con vida”. El abatimiento en que caímos era indescriptible. No habían cumplido. No había ninguna probabilidad de que cumplieran.

En la sala de Televisa en donde Maerker y el equipo de Cárdenas Palomino aguardaban noticias de los reporteros, el ambiente era semejante:

—Cárdenas Palomino me dijo que el panorama era sombrío, que se acababan las posibilidades de que regresaran con vida —cuenta la periodista—. En ese momento llegó la nueva llamada de Héctor, con la exigencia de que querían el video a nivel nacional. Le dije: “Pásame a las personas”. Volví a escuchar la petición, ahora por boca de uno de ellos. Le dije: “Qué garantías me da usted de que ahora sí van a cumplir. Porque hasta ahora, ustedes son los que no han cumplido: los reporteros no han sido liberados”.

El jefe de los sicarios replicó: “Háganlo y ellos van a estar bien”. Las comunicaciones se interrumpieron durante más de 12 horas.

—Se acerca lo peor —dijo Cárdenas Palomino—. Las posibilidades se agotan.

La Policía Federal había detectado que las llamadas venían de una colonia de Gómez Palacio. Pero la ubicación del domicilio no era precisa.

—Cárdenas proponía que sus agentes iniciaran cuanto antes un operativo —relata Maerker—. Pero la búsqueda tendría que hacerse prácticamente casa por casa. A mí me parecía importante que los criminales sintieran la presencia de la policía en la zona, pero entonces todo podía terminar en un tiroteo y los antecedentes de rescates de este tipo no eran prometedores. Sentía que había que presionar mucho al Estado, que tenía que involucrarse incluso el presidente, para que los secuestradores supieran que habían pasado una línea, y que eso no podía pasar ni en Gómez Palacio, ni en ningún otro medio, ni en ningún otro lado.

El miércoles 29, a las seis de la tarde, El Adán llamó nuevamente a Gordoa:

—Queremos que Televisa mande un reportero a investigar lo que verdaderamente está pasando en la Comarca Lagunera y que el reportaje se transmita a nivel nacional.

—Les dije: “Ese reportaje ya está hecho. A qué creen que vine. Ahí en la cámara están las entrevistas. Ya hablé con el alcalde de Gómez Palacio, con el secretario de Seguridad Pública, con los familiares de los reos y de los custodios del Cereso: todos niegan que la directora dejara salir a nadie, dicen que no es cierto”. “Eso queremos que salga”, me respondió El Adán.

Maerker recibió a la medianoche la llamada del reportero:

—Ya me van a soltar, pero tengo que pasar una nota. Mis compañeros van a quedarse como garantía. Dicen que si no cumplo, los van a asesinar.

Continúa su relato el periodista:

—Era la medianoche del miércoles. Pasó la mañana del jueves, y no me liberaron. Les expliqué que editar una nota llevaba varias horas, que si querían verla en la televisión esa misma noche tenían que dejarme ir. Trajeron un auto, me despedí de mis compañeros, los tres nos pusimos a llorar. Les dije: “Tengo que irme a hacer una nota para liberarlos, pero les juro que no los voy a dejar”. Me vendaron, y luego me dejaron, con la cámara, en una calle cualquiera. Paré un taxi y me fui a Televisa Laguna. Ni siquiera pensé en llamar a mi familia. Quería terminar el reportaje para volver a ver a los otros con vida.

Denise Maerker sostiene que aquellas horas figuran entre las más difíciles  de su vida, y han sido las más críticas de  su carrera:

—En la reunión más complicada que tuvimos en Televisa, Bernardo Gómez fue contundente: me dijo que no podíamos poner el Canal 2 al servicio de un grupo de narcotraficantes. Que no era Héctor, que no eran los reporteros que estaban retenidos, sino todos los periodistas de este país los que iban a volverse rehenes de los mensajes que estos señores quisieran mandar. Entendí las consecuencias que eso tendría. Me resultaba dificilísimo explicárselo a Héctor, pero era cierto, no podíamos transmitir lo que quería un narco. Escribimos un editorial con la idea de que no íbamos a dirigirnos a los narcotraficantes, con la idea de que era el Estado quien tenía que garantizar las condiciones para ser periodista en un país donde no se podía y no se puede hacer periodismo. Héctor llegó a Televisa Chapultepec cuando estábamos por grabar el editorial. Le di un abrazo y le dije: “No voy a sacar tu nota, pero tampoco va a haber programa. Espero que me entiendas”. Entré en el foro. Nunca había sido tan difícil entrar en él.

—No comprendí la decisión —explica Gordoa—, la vida de mis compañeros dependía de la transmisión del reportaje. Denise me explicó sus razones. Le dije: “No te comprendo, pero te apoyo en tu decisión”. Hoy entiendo lo que habría pasado si ese reportaje sale al aire.

Esa noche, por primera vez en la historia de la televisión mexicana, el Canal 2 decidió suspender su transmisión y dejar la pantalla en negro. Maerker anunció que no había condiciones para la realización del programa.

—Irnos del aire era una forma de decir que estaba pasando algo muy grave en México. Era una forma de decirlo sin decirlo, porque no queríamos poner en riesgo la vida de los reporteros. El objetivo no era salir a hacer un programa que tratara de otras cosas: poner la pantalla en negro tenía por objeto provocar un gran impacto, decirle al Estado que así no era posible hacer periodismo, decirle a los narcos la gravedad de lo que estaban haciendo.

La pantalla quedó en negro, y todo se aceleró. Helicópteros de la Policía Federal comenzaron a sobrevolar Gómez Palacio. Los narcotraficantes liberaron a Alejandro Hernández y a Javier Canales en una calle, y abandonaron la casa de seguridad en la que los habían retenido. No se supo más del resto de los secuestrados. La historia terminó, emblemáticamente, con una conferencia de prensa en la que el secretario Genaro García Luna indicó que los periodistas habían sido rescatados “en un operativo de la Policía Federal, ordenado por el presidente de la República”.

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Los días de plomo no terminaron para la prensa con el sexenio que tocó a su fin el 30 de noviembre de 2012. En los primeros cuatro meses de la nueva administración, Artículo 19 reportó cinco secuestros de periodistas, un asesinato y cuatro agresiones a oficinas de medios de comunicación…

 

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