Economía

Avalan monitoreo fiscal a transnacionales

Víctor Fuentes
Chilpancingo, México (09 febrero 2017).- La Suprema Corte de Justicia avaló una reforma vigente desde 2016 que obliga a las empresas transnacionales a presentar al SAT “declaraciones informativas” sobre su estructura corporativa, las operaciones con sus filiales relacionadas en el extranjero y la distribución mundial de ingresos e impuestos pagados.

Este miércoles, la Segunda Sala de la Corte declaró Constitucional el Artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Dicho artículo fue incluido por el Ejecutivo en el Paquete Fiscal de 2016 para sujetarse a reglas de la OCDE sobre los llamados “precios de transferencia”, por los cuales las multinacionales trasladan artificialmente sus utilidades a otras jurisdicciones para pagar menos impuestos, o incluso no pagarlos en ninguno de los dos países.

En febrero de 2016, más de 50 empresas promovieron amparos para impugnar el Artículo 76-A, entre ellas Bayer, Alsea, Chedraui, Mexichem, Telefónica-Movistar, AT&T, Eli Lilly, Bristol-Myers, Arcelor Mittal, Grupo México, Halliburton, Banco Azteca y Aeroméxico.

“El precepto en cuestión no vulnera el principio de presunción de inocencia ni el derecho a la no autoincriminación, porque la obligación de proporcionar información no constituye una medida que suponga una sanción”, afirmó la Corte.

Agregó que estas declaraciones informativas no son actos de molestia o fiscalización, no suponen el inicio de una visita de comprobación por parte del SAT–que requiere una orden específica–, ni tampoco ponen en riesgo el secreto fiscal.

Los amparos fueron negados a Ryder México, filial de una empresa estadounidense de logística y transporte, y a Goodyear Servicios Comerciales.

Apenas en noviembre pasado, la Segunda Sala declaró inconstitucional, por 3 votos contra 2, el Artículo 31-A del Código Fiscal, que ordena a todas las empresas entregar informes al Servicio de Administración Tributaria sobre temas como operaciones con partes relacionadas.

Pero en ese caso, aclaró la Corte, el amparo se concedió por la vaguedad del Artículo 31-A, que deja en manos del propio SAT el detalle de cuáles son los informes que deberán entregar los contribuyentes.

“En la disposición del Código no existen bases para fijar la información que se solicita dejando un amplio margen de actuación para el SAT; en tanto que en la disposición cuestionada en el presente asunto, la propia norma sí establece los parámetros necesarios que enmarcan en rango de actuación de dicha autoridad fiscalizadora”, explicaron los Ministros.

Empresas como Televisa, BBVA-Bancomer y Nissan ganaron amparos contra el Artículo 31-A.

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