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Chiapas: desalojan a 63 empresarios de oficinas de gobierno

San Cristóbal de Las Casas, Chis.- Policías estatales desalojaron y detuvieron la madrugada de ayer a 63 empresarios que desde el 23 de enero ocupaban la Torre Chiapas, sede de oficinas de los tres niveles de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir el pago de cerca de 190 millones de pesos que supuestamente les adeudan dependencias estatales y autoridades municipales, en algunos casos desde 2011.

Adulfo Chacón Ruiz, fiscal especializado, informó que 57 de los detenidos fueron liberados en el transcurso del día, después de rendir declaración, pero los otros seis –incluido Rafael Jiménez Aréchar, quien encabezó la protesta–, fueron internados en el penal de El Amate, municipio de Cintalapa, donde quedaron a disposición del juez que giró órdenes de aprehensión por el delito de despojo agravado.

En un comunicado del gobierno chiapaneco, Chacón Ruiz explicó que el inmueble fue recuperado en respuesta a una denuncia que interpuso la representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas.

El fiscal aseguró que el gobierno del estado ha ofrecido diálogo para resolver el problema.

Señaló que en algunos casos no se ha pagado a los inconformes debido a que se observaron serias irregularidades, entre ellas facturas con sobreprecios, falta de contratos y pedidos, actas de adjudicación y otros documentos originales que acrediten las ventas al gobierno. No se puede pagar por servicios inexistentes o que representen un agravio premeditado a la institución, advirtió.

Las supuestas ventas se hicieron durante el gobierno anterior y no están acreditadas, dijo. Los inconformes están en su derecho de buscar (la solución) a través de las vías jurisdiccionales, pero no se cederá ante protestas de grupos que no han justificado sus adeudos.

Los empresarios que no fueron detenidos exigieron la liberación inmediata de sus compañeros. Sólo estamos relamando el pago, afirmó uno de ellos. Agregó que todo lo relacionado con los adeudos está validado por la Función Pública y lo han revisado varias secretarías; tenemos todo en regla y sustentado con facturas.

La Jornada / Elio Henríquez