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Exige la CNDH una atención urgente a la violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres se ejerce en todos los ámbitos y demanda una atención urgente, en especial de todas las instituciones del Estado, señaló la Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León.

Destacó que a pesar de que los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres se encuentran previstos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y algunos códigos penales tipifican el acoso y hostigamiento sexual, la violencia política y el feminicidio, existen retos para erradicarla y garantizar los derechos de las personas del sexo femenino.

Subrayó la necesidad de actuar frente a la violencia feminicida, pues ésta anula todos los derechos de las mujeres al representar la violencia más extrema, que se constituye por abusos psicológicos, físicos y/o sexuales que pueden vivirse en el hogar o fuera del mismo.

“Las acciones constitutivas de la violencia feminicida se cometen de manera sistemática y subsisten en buena medida por la impunidad”, acotó.

Durante su participación en el conversatorio Soluciones a la violencia hacia las mujeres, por un alto a la violencia de género en el ámbito público y privado, Aguilar León señaló que desde el ámbito escolar, el reconocimiento por sí solo de la violencia ha significado un reto para las instituciones educativas.

Ello, dijo, porque implica admitir y nombrar el conjunto de prácticas que configuran abusos de poder que dañan la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de las víctimas. Todo eso, en muchos casos por razones de género, obstaculiza el desarrollo de las mujeres y la igualdad entre ellas y los hombres, puntualizó.

Según la Cuarta Visitadora General de la CNDH, el menoscabo de los derechos humanos de las mujeres también se manifiesta en el ámbito político, donde de manera directa se vulneran sus derechos, pero en un sentido más amplio se afecta el derecho a la integridad y a una vida libre de violencia.

De este modo, agregó, se limita la posibilidad de que las mujeres no sólo voten, sino que también sean electas y que sus triunfos se reconozcan y se les permita ejercer funciones sin ser cuestionadas por su género y sin ser violentadas por ello.

En su oportunidad, Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que las principales víctimas de la violencia de género en las universidades son las mujeres y niñas.
En ese sentido, apuntó, el pasado 29 de octubre la UNAM emitió un Protocolo de atención en casos de violencia de género, que constituye una serie de líneas de acción para trabajar en pro de la igualdad y erradicación de ese mal.

Lo anterior, debido a que de 2003 a marzo de 2016 la Unidad de Atención a Quejas y Denuncias y las Oficinas Jurídicas tramitó 396 quejas por acoso, abuso y hostigamiento sexual, discriminación, violencia de género, actos inmorales y violación.

González Contró precisó que desde agosto de este año a la fecha se han registrado 81 casos de violencia de género, que van en aumento porque las mujeres se acercan más a denunciar.

Carlos Javier Echarri, profesor investigador de El Colegio de México, destacó que para que el Estado mexicano cuente con políticas públicas eficientes y efectivas es necesario tener datos duros que permitan saber las dimensiones de la violencia contra las mujeres y qué nos falta por hacer, pues en la práctica no se realizan investigaciones con perspectiva de género adecuadas cuando se trata de muertes violentas que permitan determinar y registrar feminicidios.

Agregó que las entidades donde se registran más casos son Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas y Oaxaca.

Otro problema grave –dijo– es que sólo 41.2% de los médicos están capacitados para detectar en las mujeres algún tipo de violación a sus derechos, como abuso sexual, psicológico, intrafamiliar, entre otros, para reportarlo al Ministerio Público.

A su vez, la directora general de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), María Guadalupe Díaz Estrada, indicó que una forma de visibilizar la violencia extrema contra las mujeres es a través de las alertas de género en los estados del país, pues se trata de un problema que desgarra los tejidos social y familiar, e impide el desarrollo y progreso del país.

Puntualizó que falta mucho por hacer, pues en varios lugares las muertes de mujeres no se resuelven porque persiste la impunidad en 92% de los casos y no existen líneas de investigación de los hechos.

Algunos estados nunca registran feminicidios, porque no cuentan con los elementos de tipo penal para sancionar o castigar este delito; de ahí la urgencia de tipificar tales elementos, subrayó Díaz.

De acuerdo con la exdiputada Zoila José Juan, Oaxaca tiene una realidad diferente, ya que cuenta con 15 pueblos indígenas. Además del pueblo afromexicano, añadió, hay 570 municipios, de los que 417 se rigen por sistemas normativos internos y 153 por el régimen de partidos políticos.

Oaxaca es el primer estado que legisla sobre la violencia política contra las mujeres, no obstante –comentó–, la participación de las mujeres en la toma de decisiones en cargos comunitarios, municipales y de gobiernos estatales y federales todavía es escasa y se complica cuando no han ido a la escuela, por discriminación, por su cultura, por ser adultas o vivir en condiciones de empobrecimiento.

Flavio Galván Rivera, tratadista de Derecho Electoral y Procesal Electoral en México, expresó que sólo seis estados del país tienen tipificado el delito de violencia contra la mujer, por lo que se tiene que legislar, capacitar y educar a la población en general para que éste problema no sea la característica de la sociedad, sino una lucha por la igualdad.

Finalmente, Norma Inés Aguilar León reiteró el compromiso de la CNDH de participar y dar seguimiento a todas las alertas de género mediante visitas in situ, además del seguimiento a las recomendaciones que se han hecho a los estados para que se cumplan con las acciones necesarias y, de ser el caso, el organismo podría emitir una recomendación.

Proceso