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El informe que recorre los cajones de México

Un incómodo documento lleva cuatro meses pasando de mano en mano y de cajón en cajón de la Procuraduría General de la República (PGR) sin que nadie se atreva a menearlo.

Son 1.050 páginas con acusaciones, señalamientos, irregularidades y omisiones en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El polémico informe lleva una sola firma, la del abogado Cesar Alejandro Chávez, quien dirigió la auditoría, y en él hace una demoledora descripción del trabajo de estos dos años que podría tumbar ante un tribunal los más de 200 tomos de pruebas recogidas.

Según esta auditoría, la versión oficial – que señala que los estudiantes fueron secuestrados por el cártel de Guerreros Unidos y quemados en el basurero de Cocula- se habría construído a base a torturas, deficiencias de forma y la omisión deliberada sobre el papel de soldados y policías aquella noche.

La auditoría concluye que “no se llevó a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva”

Ni siquiera se sabe con certeza el número de estudiantes que la noche del 26 de septiembre salieron a tomar autobuses, dice el texto, que supone un misil contra la línea de flotación de la “verdad histórica”, las investigaciones de la PGR y la presidencia.

La importancia del documento radica en que fue redactado desde dentro de la propia institución que ha dirigido las investigaciones. En concreto por la Visitaduría general, un órgano autónomo pero no independiente de la PGR.

Un extracto del mismo fue publicado por la revista Proceso hace tres semanas y, según esta versión, se señala que la investigación encubre a autoridades civiles, ministerios públicos y soldados. Dice además que no hay una clara línea de investigación y que la prioridad nunca fue encontrar a los jóvenes. “Por lo tanto, no se llevó a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva” señala.

95 de los 120 detenidos habrían sido torturados

La Visitaduría había prometido hacer llegar las conclusiones de esta investigación interna a los padres de los 43 en el mes de agosto. No era una concesión de la PGR, se trataba del compromiso adquirido por ofrecer la mayor transparencia posible al proceso tras las dudas expresadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los expertos internacionales y los forenses argentinos. Sin embargo, Chávez nunca llegó a entregarles el informe sino que lo hizo a su jefa, la Fiscal Araly Castañón. Ambos dimitieron semanas después sin dar explicaciones.

La PGR confirmó a EL PAÍS la existencia de este documento que llamó “borrador” pero alega que se trata de un documento interno filtrado y que no es el informe final ya que fue elaborado sin cumplir los patrones y estándares de la institución. El documento se caracteriza “por encontrarse sin la debida formalización, al carecer de los requisitos legales que les aplican, resultan jurídicamente inexistentes” explicó la institución en un comunicado.

Sin embargo, según Vidulfo Rosales, abogado de los 43 estudiantes. “La PGR se había comprometido a hacernos llegar las conclusiones pero lo ocultan porque no quieren parecer débiles y ineficaces” dijo a EL PAÍS.

El informe de Chavez señala que de los 120 detenidos, 95 habrían confesado su participación bajo tortura y señala 17 deficiencias, 9 irregularidades graves, 10 recomendaciones y 26 instrucciones a la oficina del investigador especial.

La auditoría coincide con el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la necesidad de tomar declaración a los soldados del 27 batallón de Iguala o de presentar cargos contra policías federales por no haber intervenido para proteger a los estudiantes. Sobre el ejército dice que “la conducta omisa desplegada por el personal militar del 27 batallón de Infantería tuvo consecuencias fatales en los estudiantes de Ayotzinapa y los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones.

Precisamente hace 17 días el responsable del 27 batallón de Infantería, el general Alejandro Saavedra, fue ascendido a Contralor General.

Según el extracto del informe publicado por Proceso para los visitadores “se ha privilegiado el acreditar la intervención de Guerreros Unidos (…) dejando en un segundo término el deber del Estado mexicano de realizar una búsqueda sistemática y rigurosa tendente a encontrar a los estudiantes desparecidos, deber que persiste hasta que no se encuentren, aparezcan sus restos o, en todo caso, se conozca con certeza cuál fue su destino”. Además, igual que la CIDH y el GIEI, pide que el delito atribuido sea el de desaparición forzada y no secuestro y solicitó actuar contra policías federales quienes, a pesar de haber recibido información del Centro de control policial (C-4) de los ataques, decidieron no intervenir.

A apuntalar la consistencia de las denuncias contribuyó la aparición de un video en septiembre en el que se ve a Tomás Zerón, jefe de la Agencia de investigación criminal, recorriendo el basurero de Cocula con un supuesto sicario de Guerrero Unidos, un mes después de los hechos y sin la compañía de su abogado lo que “violaría el debido proceso”, según los padres de los 43. Una prueba más del descontrol en que se han convertido las investigaciones sobre la noche de Iguala.

En las próximas semanas verá la luz el informe definitivo, según fuentes de la PGR. Para muchos, si embargo, el original seguirá durmiendo en algún cajón bajo llave.

 

El País