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Desapariciones: el Ejército “cede”, pero encubre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La revista Proceso publicó el siguiente reportaje el 19 de febrero de 2012, donde se da cuenta que organizaciones civiles, abogados y familiares de los primos José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos en diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, insisten en que fueron militares quienes se llevaron a las víctimas. Ahora la CIDH ha anunciado que presentó el caso a la consideración de la Corte Interamericana. A continuación el texto íntegro:

Después de casi dos años de recibir impugnaciones contra la competencia del fuero militar en investigaciones por violaciones a los derechos humanos de civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cedió a las exigencias de los representantes de las familias de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por una partida militar en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

La desaparición forzada de los primos ocurrió en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, apenas inició su mandato. De hecho es el primer caso de esta naturaleza llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ya condenó a México en cinco ocasiones por violaciones a las garantías individuales, en cuatro de ellas por abusos cometidos por tropas de la Sedena en administraciones anteriores.

El litigio ante la Corte es llevado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, cuyos abogados exigieron desde el principio a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las indagatorias correspondientes para la localización de los tres jóvenes.

Ante la falta de respuesta, los litigantes de esas organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inició una indagatoria y el 30 de junio del año pasado emitió una recomendación –la 43/2011–, en la que sus visitadores confirman la participación de miembros del Ejército, así como de agentes de la Policía Federal, en la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene.

La triple desaparición también formó parte de los expedientes que el Grupo del Caso de los Jóvenes Alvarado entregó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de las Naciones Unidas durante su visita a México en marzo del año pasado, que se prolongó durante tres días.

El GTDFI evaluó la información de las autoridades federales y locales, así como la que le proporcionaron activistas de derechos humanos y la propia Sedena, y elaboró un informe sobre los tres casos, que presentó el 20 de diciembre último durante el 19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. El organismo concluye: “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.

La devolución del expediente

El jueves 9 de febrero, en una reunión efectuada en la Secretaría de Gobernación en torno al tema del cumplimiento de la recomendación de la CNDH relativa a la desaparición de los primos Alvarado, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) optó por delegar el caso a la PGR, según relatan familiares de las víctimas y los abogados que llevan el caso.

“Nosotros advertimos desde un primer momento que si la PJM no declinaba su competencia, nosotros íbamos a interponer un amparo en apego a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y ante las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del año pasado”, dice en entrevista Luz Estela Castro Rodríguez, coordinadora del CEDHM.

Relata que el 7 de diciembre, en una reunión con representantes de Gobernación y de la Sedena, ella y sus compañeros insistieron en ese aspecto y los funcionarios respondieron que estaban “analizando la petición”.

De acuerdo con la minuta del encuentro del jueves 9, un representante de la PJM “informó a los beneficiarios y a sus representantes que esa dependencia declinó competencia de las investigaciones a favor de la PGR, la cual recibió 14 tomos que integran las indagatorias que llevaron con fecha 3 de enero de 2012”.

El expediente AP/PJM/AMPE/Cd Juárez /196/20 09-II-IV estuvo en poder del Ejército desde el 20 de febrero de 2010, cuando la PGR declinó competencia a favor de la PJM. La averiguación se abrió por el delito de “abuso de autoridad” y no por desaparición forzada, pese a la insistencia de familiares y abogados.

Los 14 tomos de la investigación ya fueron enviados a la delegación de la PGR en Ciudad Juárez a petición de la coordinadora del CEDHM.

“En unos días más vamos a revisar la averiguación y veremos en qué fundamentaron la declinación, sería extraordinario que lo hicieran con base en el respeto a los tratados internacionales y la resolución de la SCJN –dice–. Ojalá no salgan con que declinaron porque no encontraron responsabilidad de militares en la desaparición de los jóvenes Alvarado.”

Su compañera Emilia González Tercero, de la Cosyddhac, es más pesimista: Dice: “Tengo la sospecha de que el expediente fue manipulado, sobre todo por la forma en que se condujeron los militares para negar los hechos. Pienso que fue una investigación para exculpar, más que para esclarecer”.

Castro Rodríguez resalta que en la investigación también deberá deslindarse la responsabilidad de un comandante de la Policía Federal de apellido Meza, quien tuvo información de los militares sobre la detención de los jóvenes Alvarado por tropas de la Sedena, de acuerdo con la recomendación de la CNDH, que implica también a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que dirige Genaro García Luna.

“Hasta ahora, García Luna no ha aceptado la recomendación, por lo que pedimos a la CNDH que ejerza su facultad de pedir al Congreso de la Unión que llame al funcionario a comparecer”, dice la abogada.

E insiste en que llevará su investigación hasta las últimas consecuencias para que se castigue a la cadena de mando: “Debe ser llamado a cuentas el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, porque al menos en el caso específico del coronel de infantería Elfego José Luján Ruiz, principal sospechoso de la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado, él se encargó de encubrirlo”.

Espitia Hernández fue comandante de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, del 18 de enero de 2007 al 1 de julio de 2010; también fue primer titular del Operativo Conjunto Chihuahua, que arrancó el 28 de marzo de 2008.

Confrontado con las organizaciones de derechos humanos por sus declaraciones –“No me pregunten cuántos muertos hubo, sino cuántos delincuentes menos hay”, declaró alguna vez–, el general Espitia fue enviado a la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, tras su gestión al frente de la V Zona Militar.

Castro Rodríguez y González Tercero sostienen que Espitia tendría que aclarar por qué razón protegió al coronel Luján Ruiz, comandante del 35 Batallón de Infantería, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Maniobras militares

En su edición del 25 de abril de 2010, Proceso publicó un reportaje sobre la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado y las vicisitudes de sus familiares y abogados ante las delegaciones de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en Buenaventura y Casas Grandes, Chihuahua.

En su litigio inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los Alvarado informaron que “tres funcionarios de la Procuraduría de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que éstas fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego Luján, comandante del referido batallón.

“También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo Casas Grandes” (Proceso 1747).

Sin embargo, el general Espitia Hernández, entonces comandante de la V Zona Militar, “se encargó de negar la participación del Ejército y después la misma Sedena ocultó la existencia de Luján”, cuenta la abogada Castro Rodríguez a la reportera.

Este semanario informó entonces que las abogadas Castro y González Tercero, así como familiares de las víctimas, fueron recibidas el 9 de enero de 2010 en las oficinas de Espitia, reunión en la que participaron además el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe de Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Dirección de Justicia Militar, y un general “de apellido Guillén”.

“Fue éste quien, en un intento por desactivar las exigencias de presentación de los desaparecidos, acusó a José Ángel y a Nitza Paola de tener ‘antecedentes penales por robo de vehículo, y a María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo en casa habitación’.”

Dos años después de ese encuentro, la abogada de la Cosyddhac, Emilia González Tercero, relata: “En esa ocasión también estaba presente Elfego Luján. Había sido mandado llamar por el general Espitia, quien a su vez organizó el encuentro por órdenes de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena”.

Tanto ella como Castro Rodríguez describen al coronel Luján como un hombre de baja estatura, moreno, de complexión media, casi robusta.

“Espitia negó que tropas del 35 Batallón hubieran estado desplegadas en Buenaventura en las fechas en que desaparecieron los primos Alvarado, y llamó a Luján para confirmar su dicho. En ese momento, María de Jesús lo increpó y le recordó que en su pueblo todos sabían que habían estado hospedados en un hotel y que habían estado ahí las últimas tres semanas de diciembre.

“Luján trató de refutar las afirmaciones de María de Jesús, pero cada vez se enredaba más, conforme ella le iba dando más datos, hasta que Espitia le ordenó que se callara”, recuerda González Tercero. Días después, Luján fue removido de su cargo.

Castro Rodríguez agrega: “En nuestra solicitud de amparo contra la desaparición forzada, interpuesta el 6 de enero de 2010, mencionamos como autoridad responsable al comandante del 35 Batallón de Infantería de nombre Elfido o Elfego Luján, y que probablemente tenía el cargo de teniente o capitán, porque eran los datos vagos que teníamos de los agentes ministeriales; en la respuesta a la autoridad, se niega su existencia”.

El 11 de febrero de 2011, en un documento firmado por el coronel de infantería Marín David Vázquez Orozco, “comandante del 35 Batallón de Infantería”, del que Proceso tiene copia, se negó a responder al oficio enviado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Ciudad Juárez, Guadalupe Arellanes Martínez, dirigido al “teniente o capitán Elfido Luján”, porque –dijo– “no existe persona con ese nombre (en esa instalación militar)”.

Continúa la abogada: “Es claro que se trató de una estrategia para evadir responsabilidad y protegerlo. En reuniones posteriores para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH reiteramos que se estaba manipulando la información, ya en el proceso ante la Corte Interamericana la Sedena volvió a negar nuestros señalamientos”.

La petición

Negar la participación de efectivos militares en la desaparición de los Alvarado fue uno de los elementos que arguyó la CIDH para enviar el caso al tribunal regional, según la resolución emitida por la Corte Interamericana el 26 de mayo de 2010 en la que exige al gobierno de Felipe Calderón la presentación de los desaparecidos.

Seis meses después, ante la reticencia del Estado mexicano por localizar a las víctimas, acción esta última que eventualmente implicaría reconocer la participación del Ejército, la Corte amplió la protección a 24 familiares, así como a la abogada Emilia González Tercero, por las amenazas que recibieron.

En su resolución del 26 de noviembre de 2010, el máximo tribunal interamericano incluyó extractos de un escrito fechado el 3 de junio de 2010, en el que la Sedena justificaba la intervención de la PJM como “una medida para esclarecer si en la presunta desaparición (…) participó o no personal militar”.

El documento de referencia puntualizaba que “autoridades de la V Zona Militar negaron que personal de su jurisdicción hubiera participado en los hechos”. Ante el continuo desacato y la ineficacia para aplicar las medidas de protección, la CIDH amplió el número de protección a 37 personas.

El 28 de junio de 2011 representantes del gobierno calderonista fueron sentados nuevamente en el banquillo de los acusados ante jueces de la Corte Interamericana por el incumplimiento de las medidas de protección a los familiares de los Alvarado y por el desdén de las autoridades militares para localizar a los jóvenes desaparecidos.

En la audiencia, en la que estuvo presente la reportera, los representantes de México, encabezados por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Robledo Verduzco, negaron la participación de tropas del Ejército en la desaparición de los Alvarado y defendieron la competencia del fuero militar.

En una reunión posterior a la audiencia, María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza Paola, enfrentó a los funcionarios: “Respeto su opinión, pero yo no estoy de acuerdo. Durante las tres semanas que estuvieron en mi pueblo los soldados se robaron las pick ups de la gente y las traían como suyas, y a los dueños los torturaban (…) Hasta ahora no sé nada del presidente Calderón.

“En febrero de 2010, cuando fue a Ciudad Juárez (a ver a los familiares de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar), yo le entregué a Margarita Zavala un expediente pidiéndole que localizara a mis familiares y castigara a los culpables. Hasta ahora no tengo respuesta”, les dijo (Proceso1809).

En su informe definitivo, presentado el 20 de diciembre último en Ginebra, los integrantes del GTDFI Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulizky (Argentina) y Osman El Hajjé (Líbano) recomendaron, entre otros puntos: “Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas miliares de las operaciones de seguridad pública de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas”.

En su documento entregado al Consejo de Derechos Humanos ubican las desapariciones en el contexto de la guerra contra el narcotráfico: “El Grupo de Trabajo recibió documentación detallada de varios casos de desaparición forzada que habrían sido perpetrados por elementos militares en múltiples estados, como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”.

Los integrantes del GTDFI sostienen que en la guerra declarada por el presidente Calderón a la delincuencia organizada “la presencia de las Fuerzas Armadas se ha extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”.

Proceso