Política

Desvió 1,867 millones de pesos el exgobernador Anguiano; podrían inhabilitarlo nueve años

COLIMA, Col. (Proceso.com.mx).- Desvío de recursos por mil 867 millones de pesos, pago de nómina no presupuestada, infraestructura y obra pública no real ni ejecutada, registros contables falsos, gastos injustificados y desaparición de combustibles donados por Pemex al gobierno estatal, son algunos de los hallazgos de la auditoría excepcional practicada a la administración de Mario Anguiano Moreno, sobre el periodo fiscal del 1 de enero de 2013 al 30 de agosto de 2015.

El informe especial del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig), entregado por su titular, Carlos Armando Zamora González, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local, propone castigar al exgobernador y a la mayoría de sus excolaboradores con sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta la inhabilitación para ocupar puestos públicos, además de resarcir recursos económicos por daños causados al erario.

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En sus conclusiones, el auditor superior del estado refiere que la cantidad de recursos desviados “representa un déficit presupuestal no registrado en cuenta pública, determinándose la simulación de registros contables para el ocultamiento del pago de nómina no presupuestada, incrementando indebidamente con las reclasificaciones observadas, conceptos de infraestructura y obra pública que no fue real ni ejecutada”.

El documento, de 155 páginas más anexos, establece que con las pruebas obtenidas el Osafig acredita que en el ejercicio fiscal 2013 el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima gastó 920.2 millones de pesos por pago de nómina por encima del presupuesto modificado, además de que “ocultó y falseó información contable, al realizar reclasificaciones de conceptos de gasto de servicios personales al capítulo de inversión pública, por el importe de 669 millones 256 mil 211 pesos y 138 millones 116 mil 796 pesos”.

 

Las cifras anteriores fueron reclasificadas a Edificaciones Habitacionales en Bienes de Dominio Público y Construcción de Vías de Comunicación Estatal en Proceso, de los cuales se acreditó que 82 millones 060 mil 666 pesos corresponde a nómina.

Por lo tanto, “aunado a la falsedad de la información contable en servicios personales se acreditó que la reclasificación de los importes a Inversión Pública; Edificaciones Habitacionales en Bienes de Dominio Público y Construcción de Vías de Comunicación Estatal en Proceso, obras que no fueron reales y que por consecuencia nunca se ejecutaron, con lo que se pretendió disminuir el gasto en el rubro de Servicios Personales e incrementarlo en el rubro destinado a obra pública”.

Respecto del ejercicio fiscal 2014, el Osafig reportó haber acreditado que en servicios personales el Poder Ejecutivo gastó 947.4 millones de pesos en el pago de nómina por encima del presupuesto modificado para dicho ejercicio y también “ocultó y falseó información contable, al realizar reclasificaciones de conceptos de gasto de servicios personales a la cuenta de pasivo 2191100001 Ingresos por clasificar, por un monto de 451 millones 923 mil 550 pesos, movimiento contable indebido, en virtud de la naturaleza del gasto efectuado por pago de nómina que es ajeno a la cuenta de pasivo, lo cual sumado al sobre ejercicio registrado en Cuenta Pública por 495 millones 493 mil 807 pesos resulta en un sobregiro total de 947 millones 417 mil 357 pesos”.

Con lo anterior, sostiene el organismo fiscalizador, se acreditó plenamente que el Poder Ejecutivo en los ejercicios fiscales 2013 y 2014 generó un déficit de mil 867 millones 696 mil 154 pesos, únicamente en la partida de servicios personales, falseando información contable respecto al origen, registro y veracidad de los movimientos contables.

Ante estos hallazgos, el Osafig consideró necesario determinar la presunta responsabilidad administrativa sancionatoria y proponer la imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio del cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, independientemente si causaron daños o perjuicios a la hacienda pública.

Para el exgobernador Mario Anguiano propuso una inhabilitación por 9 años para desempeñar puestos públicos “por distraer los caudales públicos a su objeto público destinado y realizar gastos no previstos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado”.

En tanto, para los exsecretarios de Finanzas y Administración que fungieron en ese periodo, Jesús Orozco Alfaro, Clemente Mendoza Martínez y Blanca Isabel Ávalos Fernández, la sugerencia de sanción fue de tres años de inhabilitación para ocupar puestos públicos, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de sus atribuciones correspondientes a su cargo, además de no autorizar las modificaciones presupuestales que requieran las dependencias y entidades de la administración pública.

Seis funcionarios medios de la Secretaría de Finanzas y Administración también fueron responsabilizados de las anomalías y se recomendó inhabilitación por un año.

Otra de las anomalías detectadas por el Osafig fue el desvío de una donación de asfalto y combustible realizada por Petróleos Mexicanos al gobierno estatal, con un valor de 38 millones 510 mil 107 pesos, que fueron a parar a dos estaciones de servicio propiedad de la esposa e hijas del exsecretario general de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos, sin que se hubiese acreditado que el combustible haya sido utilizados para el suministro de vehículos oficiales.

El informe refiere que se constató con los calendarios de suministro, oficios y reportes citados, que los 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil litros de diesel donados por Pemex fueron suministrados a la Estación de Servicios Pereyra S.A. de C.V. y Servicio Comercial del Centro S.A. de C.V., cuyos accionistas son Rosa Elena Rodríguez Pérez, Rosa Anaid Gutiérrez Rodríguez y Karla Janette Gutiérrez Rodríguez.

Por otra parte, no se remitió la comprobación de los expedientes de obra donde se acredite plenamente que el concepto del uso del asfalto donado.

Por lo tanto, por este caso propuso sancionar al exgobernador Mario Anguiano con inhabilitación para desempeñar puestos públicos por 14 años, por la generación de actos y omisiones en la vigilancia de la recepción, custodia, administración y aplicación de las donaciones efectuadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), de Asfalto AC-20, gasolina, y diésel, para obras y suministro del parque vehicular y maquinaria de administración pública estatal; así como una sanción económica resarcitoria directa por 38 millones 570 mil 170 pesos.

Al exsecretario de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos propuso inhabilitarlo por tres años por omitir abstenerse de participar con las empresas estaciones de servicios Servicio Comercial del Centro SA de CV y Servicio Pereyra SA de CV, de las que tiene relación familiar de primer grado en línea directa, en la recepción y custodia de las donaciones efectuadas por Pemex.

Además, planteó aplicarle una sanción económica solidaria por 7 millones 406 mil 798 pesos “por la recepción y custodia de combustible donado sin acreditarse la ejecución de éste por parte del Gobierno del Estado”.

El organismo fiscalizador detectó además que el gobierno estatal arrendó un inmueble propiedad de la ciudadana Rebeca Alexandra Herrera Díaz (quien según publicaciones periodísticas procreó dos niños con el entonces gobernador Mario Anguiano Moreno) para oficinas del Poder Ejecutivo, pero “no fue utilizado para fines propios del funcionamiento del Gobierno del Estado, y en el que se acreditó el funcionamiento de la empresa publicitaria Publipan propiedad de la misma Rebeca Alexandra Herrera Díaz, en asociación con Karewi Viridiana Flores Eusebio”.

Por este hecho, el auditor propuso amonestar a los exsecretarios de Finanzas y Administración Jesús Orozco Alfaro y Clemente Mendoza Martínez y aplicarles una sanción económica resarcitoria por 389 mil 760 pesos y 194 mil 880 pesos, respectivamente, equivalentes a los daños y perjuicios determinados.

Así mismo, sugiere aplicar sanciones económicas resarcitorias solidarias a Rebeca Alexandra Herrera Díaz y Karewi Viridiana Flores Eusebio por cantidades similares.

Debido a otra irregularidad relacionada con Karewi Viridiana Flores, el Osafig planteó aplicar una sanción económica directa al excoordinador general de Comunicación Social René González Chávez por 691 mil 801 pesos y otra sanción por 903 mil 498 mil pesos por gestionar y autorizar trámite de pago de diversas adquisiciones de servicios de publicidad a favor de Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales “no se acreditó su real y efectiva prestación por parte de dicha persona”.

Además de González Chávez, el organismo propuso sancionar a otros exfuncionarios por ese asunto, entre ellos a José Fernando Morán Rodríguez, exsecretario de Desarrollo Urbano, y Héctor Faustino Sandoval Fierros, exsecretario de Turismo.

Así también el auditor superior detectó una serie de gastos injustificados en la oficina del despacho del gobernador, desde cuyos fondos revolvente y fijo de manera discrecional se destinaron gastos a hospedajes y pasajes nacionales e internacionales de familiares y amistades cercanas del exgobernador; facturas o notas de consumo de diferentes estados de la república; adquisición de artículos personales en tiendas departamentales, certificados de regalo que se desconoce el artículo y destinatario final”.

También se adquirieron artículos varios y otros artículos no propios de la operación del despacho del gobernador como botellas de vino, cosméticos, coordinados, zapatos de caballero, corbatas, blusa de vestir, camisas y pantalones, lavadora de ropa.

De igual manera, se realizaron pagos de reparaciones a vehículos de laminado y pintura, compra de acumuladores y reparaciones varias de los cuales no se especifica las características de los vehículos presentando en algunos casos folios consecutivos y sin procesos de adquisición que marca la ley de la materia; equipos celulares sin el resguardo correspondiente que acredite su incorporación al activo.

Entre otros comprobantes se evidenció la adquisición de artículos personales en tiendas departamentales; compra de artículos de diseñadora, fragancias, zapatos, vestidos, así como pago de veterinaria, planchas de vapor, sábanas, edredones, almohadas colchones, batidora y vajilla, regalos para caballero, ropa de niño y dama, pagos de equipos celulares y pantalla plana, entre otros artículos no propios de la operación.

Se detectaron también facturas y notas por consumo de alimentos de la ciudad de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Tlaquepaque, que “no se justifican de acuerdo a las actividades laborales, así como la estancia en hoteles fuera y dentro de la ciudad de Colima”.

En la comprobación de estos gastos no se especifica la naturaleza y objetivo de los mismos, ni la autorización respectiva y “se aprecian pagos de hospedaje a hoteles, cuyos viajeros no se encuentran registrados en la nómina de Gobierno del Estado”.

Frente a las irregularidades encontradas, el Osafig propuso sancionar económicamente con 3 millones 844 mil 551 pesos, destitución e inhabilitación por 3 años a Carlos Alberto Ceballos Radillo, secretario privado del Despacho del C. Gobernador durante el ejercicio 2013 y 2014, por ejercer indebidamente el fondo asignado para su administración.

En tanto, a Carmen Yolanda Núñez Sosa, administradora en la Coordinación General Administrativa dependiente del Ejecutivo, propuso también inhabilitarla por 3 años y aplicarle una sanción económica por 2 millones 733 mil 963 pesos por ejercer indebidamente el fondo asignado para su administración.

Por su parte, para el exgobernador Mario Anguiano sugirió una sanción económica resarcitoria subsidiaria por 6 millones 578 mil 515 pesos, equivalentes a los daños y perjuicios, por omitir la vigilancia en la comprobación de gastos correspondientes al fondo revolvente asignado a Carlos Alberto Ceballos Radillo y Carmen Yolanda Núñez Sosa, quienes “ocasionaron su ejercicio indebido, al efectuar gastos no permitidos en el reglamento respectivo y en las Reglas para la Racionalización del Gasto Publico Estatal para el Ejercicio 2013 y Reglas de Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para el 2014”.