Opinion Nacional

Fiscal fiscalizado

¿Puede un hombre a quien se le asigna la nada sencilla tarea de fiscalizar la corrupción en un gobierno estar sujeto a la fiscalización o a un juicio por presunto desvío o lavado de dinero?

Viene la pregunta a cuento porque el abogado Ernesto Canales Santos, fiscal anticorrupción en el gobierno de Jaime “El Bronco” Rodríguez, está en esta controvertida situación.

Como recordarán, hace meses Canales Santos apareció en una demanda que le interpone Paula Cusi, quien fuera esposa de Emilio Azcárraga Milmo.

La acusación era de que el abogado regiomontano, quien era el litigante de su cliente Paula Cusi en el reclamo de una herencia accionaria, acabó cobrando en la ventanilla de aquellos a quienes demandaba.

En concreto, Cusi denunciaba que su abogado Canales pactó sin su consentimiento un arreglo de por lo menos seis millones de dólares para acabar con el litigio que puso unos días en la cárcel a la exseñora de Azcárraga.

Cusi denunciaba en su demanda que, sin darle aviso, Canales recibió, a través de una empresa holandesa, los seis millones de dólares que nunca le reportó a su clienta.

Y ese solo hecho daba pie a sospechar que existió la intención del abogado de jamás compartir esa “gratificación” con su clienta Cusi.

En su momento, el fiscal anticorrupción fue llamado a comparecer ante los diputados de Nuevo León, ante quienes admitió que sí recibió el dinero pero que los tomó como honorarios pagados a su favor por su defendida, un hecho que Cusi desmintió.

La comparencia ante el Poder Legislativo de Nuevo León fue ríspida, al grado que Canales Santos terminó amenazando a los diputados cuestionadores de que los iba a investigar bajo sospecha de corrupción.

El caso se enfrió durante algunos meses, solo para revivir esta semana cuando al funcionario de “El Bronco” se le notificó en su domicilio de la Ciudad de México que existía una pesquisa sobre la ruta que se le dieron a esos seis millones de dólares.

El punto central del nuevo litigo es, que más allá de que no participó a su clienta del acuerdo, esos millones de dólares no pasaron adecuadamente por la báscula fiscal para liquidar los impuestos correspondientes.

Por supuesto que el nuevo proceso legal despertó las suspicacias de los legisladores, quienes de nuevo citaron a Canales a comparecer ante el Congreso.

Su intención no era solo clarificar la ruta de los dineros de Televisa, sino ampliar lo superficial y laxo actuar de esa fiscalía frente al caso del Cobijagate, en la que las sanciones aplicadas fueron irrisorias.

Pero el gobernador Jaime Rodríguez le impidió a Canales volver a comparecer ante los legisladores.
“No lo quiero exponer”, dijo “El Bronco”.

Por eso emerge el gran cuestionamiento. ¿De qué se le quiere proteger?, ¿por qué no se atiende al llamado de un Poder Legislativo que –política aparte– tiene la obligación de vigilar las acciones del Ejecutivo?

En fin, que si el gobernador Javier Duarte pidió licencia para dedicarse de lleno a su defensa y a limpiar su nombre, ¿por qué Ernesto Canales no hace lo mismo mientras concluye el proceso que –justa o injustamente– se le sigue en su contra?