Martes, 21 Abril 2015 Actualizado 01:04 hrs
 
General » por La redacción 22:51

REDACCIÓN/EL ECONOMISTA

Subió pese a especulaciones sobre una caída de producción en EU

General » por Comunicado 22:00

Versión Estenográfica Sesión Pública del TEPJF

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Se abre la sesión.

Subsecretaria General de Acuerdos, por favor, sírvase hacer constar en el acta correspondiente, la existencia de quórum legal para sesionar válidamente, con la presencia de 6 de los Magistrados que integramos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones María Cecilia Sánchez Barreiro: Así lo haré constar, Magistrado.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Gracias, Secretaria.

Señor Secretario Mario León Zaldivar Arrieta dé cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que somete a consideración de esta Sala Superior, el Magistrado Pedro Esteban Penagos López.

 

Secretario de Estudio y Cuenta Mario León Zaldivar Arrieta: Buenas tardes.

Con su autorización, Magistrado Presidente, Magistrada, Magistrados, doy cuenta con los proyectos de resolución relativos a los juicios ciudadanos 900 y 901 y de revisión constitucional electoral 535, todos del presente año, promovidos por Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Vanesa Villareal Montelongo y el Partido Acción Nacional, respectivamente, contra el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que declara improcedente el registro de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, como candidata del Partido Acción Nacional a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo.

Previa propuesta de acumulación, en primer término, se propone sobreseer en el juicio presentado por Vanessa Villarreal Montelongo, toda vez que se estima que dicha ciudadana carece de interés jurídico para impugnar el acuerdo referido.

Por cuanto al estudio de fondo del asunto, se propone declarar fundado el agravio hecho valer por la actora, consistente en que la porción normativa del artículo 294, fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que establece que el domicilio de la credencial para votar, debe corresponder al Distrito Federal, es irrazonable o desproporcionado, por tanto, se plantea declarar su inaplicación al caso concreto.

En el proyecto, se razona que el requisito establecido en la porción normativa impugnada, si bien está previsto por una ley, tanto en sentido formal como material, carece de un fin constitucionalmente legítimo que sirva para ejercer el derecho a ser votado.

Por el contrario, como se detalla en el proyecto, entorpece el pleno ejercicio de ese derecho humano fundamental, sobre todo, si en el caso se cumple con la residencia efectiva.

Tampoco es constitucionalmente necesario, toda vez que el vínculo de pertenencia con la comunidad se cumple, precisamente, con la residencia, lo cual en el caso está plenamente acreditado.

En consecuencia, se propone revocar el acuerdo impugnado para efectos de que de no advertir el incumplimiento de algún otro requisito, el Consejo General responsable proceda a otorgar el registro correspondiente.

Es la cuenta, Magistrados.

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Qué amable, Secretario.

Magistrada, Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta.

Por favor, Magistrado ponente.

 

Magistrado Pedro Esteban Penagos López: Gracias, Magistrado Presidente.

Solamente para hacer una aclaración en el sentido de que se da cuenta con el presente proyecto por habérseme turnado por la Presidencia de este Tribunal, pero realmente mi Ponencia no formuló proyecto de resolución. Honor a quien honor merece.

En el caso, quien formuló el proyecto de resolución, con el que se da cuenta, es el Magistrado Salvador Nava Gomar, nada más que dentro del Reglamento Interno de esta Sala Superior, existe una disposición que establece que quien actúa como ponente en la resolución donde se ejerce la facultad de atracción, no debe formular el proyecto de fondo. Se ejerció la facultad de atracción, precisamente, para conocer de este asunto y, acatando lo que establece el Reglamento Interno, se me turnó a mí, ya estando el proyecto de resolución formulado por el Magistrado Salvador Nava Gomar.

Muchas gracias, Magistrado Presidente.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muy amable, Magistrado Penagos.

¿Alguna otra intervención?

Por favor, Magistrado Nava.

 

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar: Con su venia, Señor Presidente.

Para agradecer la gentileza de su Señoría el Magistrado Penagos, y aclarar que no es del todo con el detalle que su generosidad le lleva a señalar.

La verdad es que, si bien, primero resolvimos la facultad de atracción y más que ver cuestiones procesales, también por una cuestión, una idea colegiada determinamos que la trascendencia de conocer o no este asunto, dado que somos un Tribunal Constitucional que puede zanjar la cuestión planteada, nos hizo en la Ponencia presentar a ustedes también este proyecto de sentencia, el cual se enriqueció con los comentarios de todos los integrantes de este Pleno.

Hicimos consideraciones en conjunto, y podríamos decir que se somete a la consideración del mismo, a partir de las consideraciones que en él se sustentan.

Básicamente tiene que ver con reducir la litis, como lo hizo, me parece, de una forma equivocada el Instituto Electoral del Distrito Federal a partir de una norma, que también considero está equivocada y me parece es menester expulsarla del ordenamiento jurídico, que no puede definir el destino político de la representación, de la dinámica de representación pública en una democracia a un requisito que no tiene que ver con la propia residencia.

No está sujeto a discusión si la ciudadana Gálvez es o no residente de la propia demarcación en Miguel Hidalgo, y por el hecho de no tener la credencial de elector expedida por el Distrito Federal, que ni siquiera se especifica el Distrito en el que va a contender, me parece que no tiene proporción, ni es razonable privarla de esa participación política.

Por eso, el proyecto del Magistrado Penagos y que todos construimos, lo que propone es declarar esa norma contraria a la propia Constitución, y que se registre a la candidata Gálvez para que pueda contender por esa demarcación política.

Sería cuanto, Señor Presidente.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Qué amable, Magistrado Nava Gomar.

Magistrado González Oropeza, tiene el uso de la palabra.

 

Magistrado Manuel González Oropeza: Muchas gracias.

Sencillamente para manifestar también mi aprobación al proyecto que se elaboró conjuntamente por los Señores Magistrados. Es un asunto que tiene urgencia, que tiene gran importancia, que, efectivamente, la referencia en la ley electoral del Distrito Federal de circunscribir a la entidad federativa para poder tener acreditado el requisito de residencia, nos parece que es excesivo.

La credencial de elector acredita al elector en México, en general y, evidentemente, las relaciones que existen ya en la población en donde pueden estar en un domicilio con sus negocios y en otro para habitar cotidianamente, pues creo que eso le da una rigidez que no es compatible con el espíritu, incluso, de las personas que vivimos en el Distrito Federal, que siempre estamos abiertas a la población de otras altitudes y este pleno así lo atestigua. Recibimos con los brazos abiertos a las personas de Chiapas, de Oaxaca, de Hidalgo, en fin. Entonces creo yo que es, y de Veracruz también, por supuesto, por lo que creo que este precedente es un acierto sobre el alcance y los límites que son no razonables en la tarjeta de la credencial de votar y mucho menos para restringir un derecho político como es el que está en cuestionamiento.

Por eso, voy a votar a favor.

Gracias.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Qué amable, Magistrado González Oropeza.

Magistrada María del Carmen Alanis, tiene el uso de la palabra.

 

Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa: Gracias, Presidente.

Mi voto será a favor del proyecto y revisando puntualmente el mismo, así como la demanda en los que se sustenta también en lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estaba revisando ambos preceptos.

En síntesis sobre lo que yo quisiera hacer énfasis es que en ambos preceptos y a la luz de la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos frente a derechos y oportunidades; los derechos los tienen las ciudadanas y los ciudadanos, y el Estado tiene la obligación de generar condiciones para poder contender en igualdad de oportunidades, y quitar todos los obstáculos para que, efectivamente, se puedan ejercer plenamente sus derechos, en este caso, el derecho a ser votado.

La Corte Interamericana al resolver el caso de Leopoldo López Mendoza versus Venezuela, precisamente, se refería a un requisito que consideró excesivo en el sentido de limitar el registro de la candidatura por estar sujeto a un proceso administrativo.

Y la Corte desarrolla en ese sentido y responsabiliza internacionalmente a Venezuela por obstaculizar las oportunidades impidiendo el ejercicio pleno de los derechos, esto también ya había sido resuelto por la Corte en el caso Yatamá -para que no me corrija el Magistrado Presidente, con acento en la “á”- y en síntesis y me parece muy importante en el caso concreto.

Lo que se está considerando excesivo y contrario a la Constitución me parece que también pudiera actualizarse la inconvencionalidad quizá, no sé, habría que verlo y de hecho así lo plantea el proyecto y la demanda del Partido Acción Nacional en cuanto a la violación a los dos preceptos de los instrumentos internacionales, la convención y el pacto, en este caso en concreto a mí me parece que se está confundiendo un medio de prueba o de convicción de un hecho probado.

O sea, lo que exige el Estatuto, la propia legislación es la residencia de tres años, lo que está probando no está controvertido. Entonces, el requisito de la credencial para votar de la entidad federativa en donde se busca el registro de la candidatura, para mí, de manera correcta debe de rechazarse porque se está exigiendo o más bien a partir de otro medio de prueba para aprobar lo probado, perdón la redundancia, se estaría negando el requisito y, en consecuencia, el pleno ejercicio del derecho político a ser votada de la hoy actora y tal como lo alega también Acción Nacional.

Por eso, estaría a favor del proyecto que somete a nuestra consideración el Magistrado Penagos y el Magistrado Nava.

Gracias, Presidente.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Gracias, Magistrada Alanis.

Magistrado Flavio Galván, tiene el uso de la palabra.

 

Magistrado Flavio Galván Rivera: Gracias, Presidente.

El requisito no es del todo ilógico. Coincido con lo que se propone en el proyecto por supuesto, y votaré a favor.

El artículo 294, fracción I que se propone inaplicar por inconstitucional y coincido también con la Magistrada Alanis por inconvencional aunque no es necesario uno y otro, y ya con que esté en incongruencia con la Constitución es más que suficiente, establece que son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los señalados por el Estatuto de Gobierno los siguientes:

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, cuyo domicilio corresponda al Distrito Federal.

Esta porción normativa final, cuyo domicilio corresponda al Distrito Federal es la que consideramos es inconstitucional, pero decía, no del todo carente de lógica.

Si tomamos en consideración lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vamos a encontrar que en el párrafo 1, incisos a) y d) se establece que la credencial para votar deberá contener cuando menos los siguientes datos del elector:

a) entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio del elector.

Y, en el inciso d), volvemos a encontrar que un dato que debe aparecer en la credencial para votar es el domicilio.

e) La Lista Nominal de Electores se hace con aquellos ciudadanos que tienen credencial para votar y se elabora con todos los que residen en esa sección electoral; es decir, residencia y domicilio parecieran ser requisitos inescindibles para efectos electorales.

El ciudadano se debe inscribir en el Padrón Electoral y aparecer en la Lista Nominal de Electores conforme al domicilio que tiene, que es el lugar en donde habita de manera permanente.

Por ello quizá esta disposición del artículo 294, que el domicilio debe corresponder al Distrito Federal. Sin embargo, este no es un imperativo, lo que se exige para ser elegible es o la vecindad más la residencia, o sólo la residencia para los que no son vecinos de determinada entidad.

En este caso, en el Distrito Federal si se es vecino es suficiente con una residencia de dos años, y si no se es vecino de la entidad, se requiere una residencia de tres años.

La credencial para votar sirve también para acreditar el domicilio; sin embargo, no necesariamente es así, se conserva muchas veces por razones sentimentales, por razones políticas, por razones jurídicas, sociológicas, antropológicas, etcétera, el domicilio que se tuvo, pero ya no se tiene, como lugar de residencia.

Y esto no impide que la persona, que el ciudadano o ciudadana interesado en participar en un procedimiento electoral, pueda ser registrada en el lugar en donde pretende contender, y el requisito a exigir es que resida en ese lugar, que tenga o no ahí su domicilio electoral, perdón por el calificativo, resulta intrascendente; puede tener su domicilio electoral en otra parte e ir a cumplir su deber de votar en el lugar en donde aparece domiciliada, según el padrón electoral.

Pero para ejercer su derecho a ser votado sí tiene que ser en el lugar de su residencia, aunque este lugar de residencia no corresponda al domicilio que aparezca en la credencial de elector.

Por ello es que considero que efectivamente esta porción normativa es contraria a la constitución, contraria al derecho de ser votado, no al derecho de votar, porque al final de cuentas se puede ejercer este derecho, cumplir este derecho, en donde quiera estar domiciliado el ciudadano o la ciudadana.

De ahí que coincida con la propuesta, y votaré a favor del proyecto.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muy amable, Magistrado Galván.

Me pidió el uso de la palabra el Magistrado, por favor.

 

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar: Yo creo que esta aclaración nos pone en evidencia que es muy importante que surja de este proyecto una tesis, en donde precisamente diferencie el hecho de que los requisitos o, más bien, la credencial de votar da al titular el derecho a votar en el padrón donde está registrado, según la credencial de elector, pero no puede limitar el derecho a ser votado cuando tenga una residencia distinta al del domicilio ubicado en la credencial para votar.

Y yo creo que, en realidad, la disposición en el Distrito Federal yo la hubiera pensado en cualquier otra entidad menos en ésta, porque el fenómeno de la conurbación en el Distrito Federal es tan grande que realmente serviría sólo para excluir a los ciudadanos en el derecho a ser votados, en caso de que tuvieran un domicilio distinto al Distrito Federal.

Por ello es que acompaño muy bien la declaratoria de inconstitucionalidad de esta disposición, precisamente, para el Distrito Federal, que yo no le encuentro mucho sentido tampoco.

Muchas gracias.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muy amable, Magistrado González Oropeza.

Tiene el uso de la voz el Magistrado Penagos López.

 

Magistrado Pedro Esteban Penagos López: Solamente para agregar, Presidente, que el artículo 1° de la Constitución establece que las restricciones al ejercicio de los derechos humanos, entre otros, de los derechos de votar y ser votados deben de estar en la Constitución y, en su caso, desde luego, hemos interpretado en la ley, siempre y cuando sean éstas restricciones lógicas, razonables, proporcionales y en el caso del artículo 294, realmente, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Distrito Federal, realmente tiene la doble exigencia de acreditar la residencia por tres años y además en la fracción I estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, cuyo domicilio corresponda al Distrito Federal.

Esto, desde luego, que la razón de ser para efectos de restringir el derecho de ser votado, pues realmente no se encuentra, más si pensamos que la actor pretende ser candidata a una delegación a Jefa Delegacional y realmente lo que se exige es contar con credencial para votar que corresponda al Distrito Federal, esto es que si pretende ser Delegada de Benito Juárez contar con credencial para votar de la delegación Xochimilco cumpliría el requisitos.

La idea es la residencia y la residencia está probada, y al exigir precisamente este, vamos a llamarle así esta doble acreditación realmente no tiene razón de ser, no es proporcional esta exigencia, y además el artículo 1° de la Constitución establece que en materia electoral fundamentalmente debe, en materia de derechos humanos debe regir el principio de progresividad, progresividad: ampliar el ejercicio de los derechos fundamentales, no restringir los mismos. Precisamente por ello se presenta el proyecto en los términos en el que lo hace el Magistrado Nava Gomar.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Gracias, compañeros.

Ha sido muy exhaustivo el análisis del proyecto, sólo fijar una posición en relación a él. El juicio ciudadano que estamos resolviendo, promovido por doña Bertha Xóchitl Gálvez, solicita la inaplicación concreta de un precepto legal, que es el Código Electoral para el Distrito Federal, que exige como requisito para obtener el registro al cargo de elección popular en el Distrito Federal en la fracción I “Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar cuyo domicilio corresponda al D.F.”

Déjenme segmentar esta fracción del artículo 294 del Código Electoral del Distrito Federal. Esta fracción ya por sí sola constituye una restricción al derecho político de ser votado para el cargo de Jefe Delegacional en el Distrito Federal.

En su propia redacción, el precepto está estableciendo una restricción a derechos políticos, con independencia de la sistemática en la que estamos obligados al analizar la regularidad constitucional de un precepto.

En esa lógica es que nos vemos convocados a analizar si este precepto puede ser analizado desde la perspectiva de una interpretación conforme, para llegar a una conclusión que a partir de la regularidad constitucional y legal, determine que esta norma no tiene implicaciones sobre una restricción que no sea proporcional o que puede interpretarse en un sentido favorable.

Y creo que el proyecto, y esto es para mí muy importante, abona a dar certeza a las restricciones y a su regularidad constitucional, yo diría si me permiten, desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad en cuanto a la determinación de exigencia de credencial para votar cuyo domicilio corresponda al D.F. para poder ser registrado al cargo de Jefe Delegacional. En esa perspectiva es que yo dejo la norma.

¿Qué nos exige hoy el bloque de constitucionalidad? Cuando vemos la Constitución Federal, el artículo 122, base segunda, fracción I, establece de manera muy puntual respecto al Jefe de Gobierno del D.F. exige como requisito para poder ser electo al cargo ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, con una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario de esta ciudad, o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad.

Como pueden, ver el Estatuto del Distrito Federal, que es la norma fundamental en el D.F. para el cargo de Jefe de Gobierno sólo exige tener una residencia efectiva de tres años o de cinco años ininterrumpidos para quienes hayan nacido en otra entidad que son las hipótesis.

Eso no dice la norma fundamental, el estatuto de Gobierno del D.F. exige para Jefe Delegacional, que es el caso, una residencia efectiva no menor de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección en la hipótesis en la que estamos discutiendo o desde la perspectiva de este asunto.

¿Por qué lo pongo en esta lógica? Este precepto visto a la luz de su conformidad con el texto constitucional y con Estatuto del D.F., es una restricción que va más allá de las exigencias que para el propio cargo o para el cargo de Jefe de Gobierno están en el trazo constitucional y estatutario y desde esa perspectiva ya no es compatible con nuestro sistema constitucional; pero analizándolo a partir del bloque de constitucionalidad, el artículo 23 de la Comisión Americana, lo citó puntualmente la Magistrada Alanis, creo que dentro del sistema interamericano es el único Estatuto en esa lógica que establece estas restricciones a derechos políticos y exprés.

Y dice el arábigo segundo del artículo 23, que los derechos políticos pueden ser restringidos, pero exige, exclusivamente, establece por razón de residencia. Y aquí ya tenemos en nuestro orden constitucional una restricción por residencia, ¿y cuál es? Las que están trazadas tanto en la Constitución Federal para el Jefe de Gobierno como en el Estatuto para los jefes delegacionales, ya tenemos la restricción por residencia en esa perspectiva que me parece muy lógica, la restricción de residencia se inscribe en el sistema interamericano como una exigencia razonable para la demostración o para abonar al conocimiento puntual de un territorio determinado de quien aspira a ocupar o a desempeñarse en ese cargo.

Dice el sistema interamericano —yo con eso termino— que la residencia y la imposición de una restricción debe ser razonable y proporcional con el fin que se persigue. ¿Y cuál es el fin que se persigue al exigir la residencia? Pues un conocimiento puntual de la realidad de un distrito electoral o de una circunscripción de esa naturaleza.

Es lo que se exige y está establecido en esa lógica, en concordancia con la Convención Americana, el andamiaje constitucional en tratándose de Jefe de Gobierno, y estatutario, en tratándose de Jefe Delegacional. Desde esa perspectiva, la exigencia respetuosamente lo digo del artículo 294, fracción I del Código Electoral del D.F. no pasa el tamiz de la regularidad del bloque de constitucionalidad al estar exigiendo un requisito mayor que el previsto para acreditar la residencia.

En esa lógica, comparto lo expuesto en el proyecto que nos pone a consideración el Magistrado Penagos, cuya facultad de atracción decidió el Magistrado Salvador Nava Gomar.

Muchas gracias.

Perdón, Magistrado González Oropeza.

 

Magistrado Manuel González Oropeza: Muchas gracias. Yo creo que abundando en las razones de que la disposición del Código Electoral del Distrito Federal no es racional, ni proporcional, hay que tomar en cuenta que el Jefe de Gobierno gobierna, es titular o cotitular del Poder Ejecutivo en el Distrito Federal, pero no podemos decir lo mismo de los jefes delegacionales, ellos no gobiernan, ellos administran, los únicos gobiernos locales que gobiernan son los municipios, según el artículo 115.

Desafortunadamente nuestro Distrito Federal sigue siendo un territorio federal, y cuando llega la transformación, bueno, habrá que ponerle con plenitud cualquier requisito que se quiera para quien vaya a administrar o gobernar el gobierno local de las delegaciones o de las circunscripciones, pero es muy interesante que tanto los partidos involucrados en el Distrito Federal, el Partido Acción Nacional con antigüedad mayor que otros partidos, propusieron que el Distrito Federal sea una entidad federativa plena con municipios, donde sí gobiernan las autoridades municipales.

Pero, repito, no se explica, como bien lo dijo usted, señor Presidente, que el jefe delegacional tenga un requisito mayor que no lo tiene el propio Jefe de Gobierno de la entidad federativa.

Muchas gracias.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Muchas gracias, Magistrado González Oropeza.

Magistrada Alanis, por favor.

 

Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa: Gracias, Presidente.

Como usted dice o decía que si no comentaba algo reventaba, pues estoy así. Es que cuando discutíamos este asunto en mi Ponencia también deliberábamos sobre, alguien en mi Ponencia decía "el rompimiento entre la credencial como requisito para votar y ser votado", y llegamos, en este caso en particular, a lo paradójico, porque de autorizarse el registro, como se perfila en esta votación, la futura candidata no va a poder votar por ella misma, ni en las casillas en la demarcación del Distrito Federal, porque su credencial, que sí es requisito para votar, está en el Estado de Hidalgo.

Entonces, sí lo quiero decir porque no estamos juzgando la idoneidad ni la razonabilidad de la credencial para votar como requisito para votar.

Ahora, lo tradicional y lo natural o lo connatural es que corresponda el domicilio, que es distinto, que la residencia, que es el requisito que se exige para poder ser registrado como candidata, en este caso, pero es lo que estamos considerando como excesivo, la ley, el Estatuto exige residencia, que es dentro de los requisitos y las restricciones al ejercicio del derecho razonables, idóneos, etcétera, y está probada la residencia.

El requisito de credencial para probar eso es excesivo, porque ya se cumple con el requisito establecido en la ley.

Y lo quiero comentar porque efectivamente estamos haciendo una tutela progresiva, una interpretación progresiva de la ley para no restringir la oportunidad, ni poner un obstáculo a la oportunidad que tiene un aspirante a una candidata con una residencia efectiva de tres años en esta entidad federativa.

Pero es cierto, y yo me hago cargo por lo que hace a mí en términos de la reflexión del requisito para votar o para ser representante de casilla, etcétera, que exige la credencial en la sección y en el domicilio correspondiente, pero en este caso, y sí lo quería comentar efectivamente estamos tutelando el pleno ejercicio del derecho a ser electa.

Pero sí, nos encontramos o nos enfrentamos a esa paradoja de que no podría votar por ella en la demarcación de la delegación Miguel Hidalgo.

Gracias, Presidente.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Gracias, Magistrada Alanis.

Sólo motivado por su reflexión, déjenme hacer una acotación que juzgo en esa misma lógica fundamental. Por eso es que el requisito de residencia efectiva se ha explicado como restricción válida en otra perspectiva en el Sistema Interamericano. ¿Qué protege? O déjenme ponerlo en estas palabras ¿por qué puede por razones de residencia restringirse el derecho político-electoral a ser votado, en este caso concreto, a Jefe Delegacional? Lo ha resuelto la Corte Interamericana en dos precedentes fundamentales. La Corte reconoce la restricción a partir de que es una exigencia razonable, proporcional y mínima de que la persona que pretende ser votada, tenga vínculos determinados con el Distrito Electoral donde pretende ejercer el cargo.

En otras palabras, para mí es: exige que quien pretende ese cargo conozca la problemática, la realidad social, política, económica de esa demarcación, y precisamente quien conoce esa problemática por tres o cinco años, que me parece un tamiz razonable de residencia, es elegible al cargo con el límite de esa temporalidad.

Acuérdense que se mueve en otra perspectiva la exigencia de una residencia mínima, ¿cabe como exclusión? Sí, porque si yo no tengo una residencia de tres o cinco años y tengo una residencia de uno o dos meses, hay una presunción desde el orden constitucional y legal de que mi conocimiento puntual de las problemáticas que representa una demarcación territorial específica, pueda permitirme gobernar esa demarcación con la eficacia que hoy requieren esos cargos de elección popular.

Y creo que en esa lógica, Magistrada, se mueve el espectro del requisito de residencia.

Perdón, Magistrado Salvador Nava Gomar.

 

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar: Gracias, Presidente.

En síntesis es: no resulta proporcional y racional una norma que exige que se expida la credencial para votar en un lugar determinado cuando ya está sobradamente reconocido que existe la residencia en el lugar por el que se va a contender.

Negar el registro a contender una elección democrática porque la credencial de votar de la contendiente no se expidió en el mismo lugar, pues no tiene razón de ser en esta era de los derechos político-electorales.

Es cuanto, señor Presidente.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Gracias, Magistrado Nava.

No ha habido ninguna otra intervención.

Por favor, Subsecretaria General de Acuerdos, tome la votación.

 

Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones María Cecilia Sánchez Barreiro: Con gusto, Magistrado Presidente.

Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

 

Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa: A favor del proyecto.

 

Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones María Cecilia Sánchez Barreiro: Magistrado Flavio Galván Rivera.

 

Magistrado Flavio Galván Rivera: A favor del proyecto.

 

Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones María Cecilia Sánchez Barreiro: Magistrado Manuel González Oropeza.

 

Magistrado Manuel González Oropeza: Muy de acuerdo.

 

Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones María Cecilia Sánchez Barreiro: Magistrado Salvador Nava Gomar.

 

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar: De acuerdo.

 

Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones María Cecilia Sánchez Barreiro: Magistrado Pedro Esteban Penagos López.

 

Magistrado Pedro Esteban Penagos López: A favor del proyecto.

 

Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones María Cecilia Sánchez Barreiro: Magistrado Constancio Carrasco Daza.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: También a favor del proyecto, Subsecretaria.

 

Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones María Cecilia Sánchez Barreiro: Magistrado, el asunto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos.

 

Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza: Gracias.

En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 900 y 901, así como en el juicio de revisión constitucional electoral 535, todos de este año, se resuelve:

Primero.- Se decreta la acumulación de los juicios de referencia.

Segundo.- Se sobresee en el juicio promovido por Vanessa Villarreal Montelongo.

Tercero.- Se revoca el acuerdo impugnado, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Cuarto.- Se ordena al citado Consejo proceda otorgar el registro correspondiente a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, como candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo por el Partido Acción Nacional de cumplirse con los demás requisitos para tal efecto.

Quinto.- Se ordena dar vista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con copia certificada de la presente ejecutoria. Gracias.

Al haberse agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta Sesión Pública, siendo las veinte horas con veinticuatro minutos, se da por concluida.

Buenas noches, muchas gracias.

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Ventana Politica

Tapan Ficrea, pero afectan a todo el sector

La Jornada  / Enrique Galván Ochoa

Posiblemente Hacienda consiguió calmar los ánimos de los ahorradores de Ficrea ofreciéndoles la devolución de un millón de pesos a cada uno. ¿También quedó satisfecho con esta oferta el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, a quien birlaron más de 110 millones de pesos de los fondos que tiene bajo su custodia? Había dicho que no se iba a dejar y en semanas recientes ha guardado silencio. ¿Hubo arreglo en lo oscurito? Deberian aclararse las dudas.

El Universal presenta: Hay que cerrar el paso a narcopolítica: Osorio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advierte: "no hay opción A ni B, habrá elecciones" el 7 de junio próximo. "Vamos a darle un portazo a quienes quieren inestabilidad, a quienes quieren que no se desarrolle un proceso democrático" en el país, asienta.

Reforma resalta: Queda en el aire futuro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los 2 mil 426 negocios y empresas de los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que dependen directamente de su operación no saben si sobrevivirán luego de que éste deje de funcionar en 2020. Por tanto, temen por la estabilidad económica de las 13 mil 162 familias a las que dan sustento, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal.


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